Toda la cobranza que realice la Procuraduría Fiscal de la Federación con motivo de los procedimientos penales derivados del convenio, será directamente en beneficio de Chihuahua.

El Gobierno de Chihuahua y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información que permita combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en el estado, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas.

Con la firma del documento por parte del gobernador Javier Corral y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda, Chihuahua se convirtió en el primer estado del país en firmar un convenio de este tipo para combatir de manera frontal y conjunta la corrupción y la impunidad e inhibir así las conductas delictivas.

El evento en Palacio Nacional contó con la presencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, como testigo de honor, así como la participación del secretario de Hacienda de Chihuahua, Arturo Fuentes Vélez.

Con la firma se faculta a la instancia estatal a investigar evasión o elusión de impuestos federales, dar vista a la dependencia federal y en caso de recuperar recursos económicos, el Gobierno de la República los regresará íntegramente a Chihuahua.

La Secretaría de Hacienda enlistó los principales beneficios del convenio de colaboración interinstitucional:
1. Se fortalece la coordinación fiscal.
2. Se fortalecen las finanzas públicas de Chihuahua.
3. Se eleva la percepción de riesgo por la comisión de delitos fiscales y financieros.
4. Se favorece a los ciudadanos de Chihuahua con la recuperación de recursos que pertenecen al gasto público: “todo dinero que se defrauda en el Estado regresa al Estado”.

En el marco de este convenio, la entidad federativa remitirá toda la información que posea al respecto sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales.

El acuerdo servirá incluso para procesar penalmente a quienes hayan recurrido a empresas factureras para el desvío de recursos públicos del Estado.