Ciudad de México 1 de agosto de 2025.- Garantizar a nivel constitucional la realización de pruebas para la detección de cáncer cérvico uterino y de mama constituye una medida clave para proteger la vida de las mujeres y su salud, reducir desigualdades y asegurar condiciones mínimas de bienestar y equidad, destacó la senadora panista Susana Zatarain García.

Por ello, propuso una iniciativa para reformar la Carta Magna, a fin de “incorporar expresamente en el artículo 4 constitucional el derecho de las mujeres a acceder, de manera gratuita, universal, periódica y oportuna, a pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino y de mama, como una manifestación concreta del derecho a la protección de la salud con enfoque de equidad y género”.

Explicó que asegurar el acceso universal y gratuito a estas pruebas no sólo responde a una necesidad individual, sino también a un deber público para proteger la salud de las mujeres, que son un grupo históricamente vulnerable.

Esta propuesta, remarcó, no sólo fortalece el marco jurídico nacional, sino que impone al Estado la obligación de garantizar políticas sostenidas con un enfoque de equidad, más allá de los cambios de administración.

La legisladora por Baja California Sur agregó que contar de manera oportuna con servicios de prevención, como las pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino y de mama, es indispensable para salvaguardar la integridad de las mujeres.

Zatarain García expuso que, en el caso de México, la atención al cáncer representa una carga económica considerable para las instituciones públicas de salud, tanto por el creciente número de pacientes, como por el alto costo de los tratamientos.

“En el IMSS, el gasto destinado únicamente a los casos de cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata equivale al 4.5 por ciento del presupuesto total del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Por su parte, en el ISSSTE, el gasto asociado a todos los tipos de cáncer alcanza el 9.1 por ciento del total asignado al Seguro de Salud”, detalló.

Esas cifras, prosiguió, reflejan no sólo el impacto financiero del cáncer, sino la urgencia de fortalecer medidas de prevención y detección temprana que reduzcan costos y mejoren los resultados en salud.

Refirió que, de acuerdo con datos del INEGI, en 2023 hubo 91 mil 562 muertes por cáncer, de las cuales 52.4 por ciento correspondió a mujeres y 47.6 por ciento a hombres.

En mujeres mayores de 30 años, precisó, el tumor maligno de la mama representó la principal causa de fallecimiento oncológico.

La senadora de Acción Nacional enfatizó que la mortalidad por cáncer en México, particularmente entre las mujeres, pone en evidencia la urgencia de adoptar un enfoque de salud pública con perspectiva de derechos humanos.

“La garantía del acceso efectivo a servicios preventivos y de detección oportuna debe entenderse no sólo como una prioridad sanitaria, sino como un deber jurídico derivado de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, los cuales obligan a asegurar condiciones adecuadas de salud y bienestar, especialmente para las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, acotó.

Puntualizó que, si bien el derecho a la protección de la salud ya está reconocido en la Constitución, éste requiere ser ampliado para responder a los retos específicos que enfrentan las mujeres.

“En la práctica, muchas de las acciones de prevención y diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer de mama y cérvico uterino están sujetas a decisiones administrativas y presupuestables, que pueden ser modificadas o suspendidas”, concluyó.

La propuesta de Zatarain García se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.

nivel constitucional la realización de pruebas para la detección de cáncer cérvico uterino y de mama constituye una medida clave para proteger la vida de las mujeres y su salud, reducir desigualdades y asegurar condiciones mínimas de bienestar y equidad, destacó la senadora panista Susana Zatarain García.

Por ello, propuso una iniciativa para reformar la Carta Magna, a fin de “incorporar expresamente en el artículo 4 constitucional el derecho de las mujeres a acceder, de manera gratuita, universal, periódica y oportuna, a pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino y de mama, como una manifestación concreta del derecho a la protección de la salud con enfoque de equidad y género”.

Explicó que asegurar el acceso universal y gratuito a estas pruebas no sólo responde a una necesidad individual, sino también a un deber público para proteger la salud de las mujeres, que son un grupo históricamente vulnerable.

Esta propuesta, remarcó, no sólo fortalece el marco jurídico nacional, sino que impone al Estado la obligación de garantizar políticas sostenidas con un enfoque de equidad, más allá de los cambios de administración.

La legisladora por Baja California Sur agregó que contar de manera oportuna con servicios de prevención, como las pruebas para la detección del cáncer cérvico uterino y de mama, es indispensable para salvaguardar la integridad de las mujeres.

Zatarain García expuso que, en el caso de México, la atención al cáncer representa una carga económica considerable para las instituciones públicas de salud, tanto por el creciente número de pacientes, como por el alto costo de los tratamientos.

“En el IMSS, el gasto destinado únicamente a los casos de cáncer de mama, cérvico uterino y de próstata equivale al 4.5 por ciento del presupuesto total del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Por su parte, en el ISSSTE, el gasto asociado a todos los tipos de cáncer alcanza el 9.1 por ciento del total asignado al Seguro de Salud”, detalló.

Esas cifras, prosiguió, reflejan no sólo el impacto financiero del cáncer, sino la urgencia de fortalecer medidas de prevención y detección temprana que reduzcan costos y mejoren los resultados en salud.

Refirió que, de acuerdo con datos del INEGI, en 2023 hubo 91 mil 562 muertes por cáncer, de las cuales 52.4 por ciento correspondió a mujeres y 47.6 por ciento a hombres.

En mujeres mayores de 30 años, precisó, el tumor maligno de la mama representó la principal causa de fallecimiento oncológico.

La senadora de Acción Nacional enfatizó que la mortalidad por cáncer en México, particularmente entre las mujeres, pone en evidencia la urgencia de adoptar un enfoque de salud pública con perspectiva de derechos humanos.

“La garantía del acceso efectivo a servicios preventivos y de detección oportuna debe entenderse no sólo como una prioridad sanitaria, sino como un deber jurídico derivado de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, los cuales obligan a asegurar condiciones adecuadas de salud y bienestar, especialmente para las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, acotó.

Puntualizó que, si bien el derecho a la protección de la salud ya está reconocido en la Constitución, éste requiere ser ampliado para responder a los retos específicos que enfrentan las mujeres.

“En la práctica, muchas de las acciones de prevención y diagnóstico temprano de enfermedades como el cáncer de mama y cérvico uterino están sujetas a decisiones administrativas y presupuestables, que pueden ser modificadas o suspendidas”, concluyó.

La propuesta de Zatarain García se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.