Toluca, Estado de México noviembre de 2019.- Lupita es una gran mujer con grandes responsabilidades porque además de trabajar en casa por las tardes y cuidar de sus tres hermanos, asiste a la escuela y tiene apenas 12 años; Juan, trabaja vendiendo dulces para apoyar en casa y en algunas ocasiones asiste a la escuela y apenas tiene 8 años, María tiene 15 años, no conoció a su padre, su mamá, actualmente está embarazada al igual que ella de la misma persona, la pareja de su madre.

Lupita, Juan y María comparten algo en común, son menores de edad, no están garantizados sus Derechos y son parte de las estadísticas respecto a la situación que viven las niñas, niños y adolescentes en nuestro estado y en el país.

De acuerdo a los datos proporcionados por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México 350 mil niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizaron trabajo infantil, de los cuales el 65% se desempeñaron en ocupaciones no permitidas y 182 mil no asistieron a la escuela por tener que ir a trabajar.

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México cada día mueren tres personas menores de 17 años víctimas de la violencia; 1 de cada 5 personas desaparecidas, son menores y cada 30 minutos llega al hospital un menor por lesiones causadas de manera intencional.

Con base en el Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México de UNICEF el Estado de México junto con Ciudad de México, Morelos y los municipios del norte de Guerrero son el segundo punto más “caliente” de desapariciones o extravíos de menores de 17 años en el país.

Por lo que el día 20 de noviembre de cada año se conmemora el Día Universal del Niño, el cual, tiene como objetivo recordar a la ciudadanía que los niños son el grupo más vulnerable y por tanto, que más sufre ante las crisis y problemáticas del mundo.

Naciones Unidas conmemora este Día en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia.

Así mismo en 2016, México se suma como uno de los países pioneros a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, comprometiéndose a implementar, como una prioridad nacional, acciones concretas que contribuyan a prevenir y atender la violencia a corto plazo, por lo que el 19 de Noviembre de cada año ha sido declarado como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, con la finalidad de visibilizar, fortalecer y coordinar acciones que garanticen el derecho a una vida libre de violencia en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en México, las niñas, niños y adolescentes están expuestos a una serie de agresiones que en la mayoría de los casos son combinaciones de gritos, golpes, amenazas o ataques sexuales, por lo que ser víctima de cualquier forma de violencia eleva las probabilidades de sufrir nuevamente otra agresión y reconoce que el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en México se ha dado en el hogar, la escuela, la comunidad y ahora en el entorno digital.

En el foro “Violencia Sexual Infantil y Adolescente: Retos Legislativos”, organizado por el Senado de la República el pasado 24 de agosto del presente año, se afirmó que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año con base en estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Considerando que sólo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil en México, estas cifras hablan del grave problema que estamos viviendo.
Las niñas, niños y adolescentes constituyen la tercera parte de la población en nuestro Estado; a pesar de ello, el acceso y ejercicio de sus derechos se ve limitado por una visión social que los concibe solo como “sujetos de protección”, que incluso justifica la violencia que se ejerce en su contra.

Para esta Legislatura y para todas las autoridades, debe ser una tarea prioritaria, un esfuerzo permanente y coordinado garantizar los Derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado y en nuestro país.

Las obligaciones que el Gobierno, las familias y la comunidad tienen para con la niñez y adolescencia, deben asegurar su supervivencia, atender sus carencias sociales, habilitarlos para el ejercicio progresivo de sus capacidades como seres humanos, alentando y fortaleciendo su independencia y autonomía, que contribuya a un sano crecimiento físico y mental, que se formen en una cultura de respeto a la diversidad y rechazo a la violencia, y que desarrollen conciencia y responsabilidad social.

Como he mencionado, la estadística nos muestra la magnitud de su situación y visibiliza un panorama que advierte la necesidad de consolidar acciones de todas las autoridades de los distintos niveles y ámbitos de gobierno para garantizar el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de ese sector de la población, lo cual nos lleva a concluir que algunas causas de fondo son, entre otras, la pobreza, la exclusión y discriminación, la ausencia de oportunidades, la violencia e inseguridad, la desigualdad entre los géneros, los prejuicios y estereotipos que atentan contra la integridad de las niñas y adolescentes, la falta de inversión pública, así como la urgencia de sensibilizar y capacitar a las y los servidores públicos a efecto de que su actuar este apegado al nuevo paradigma en donde la niñez y adolescencia ahora son sujetos de derechos y no solo sujetos que merecen protección.