Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) acompañarán las acciones y demandas para que el Gobierno federal ponga un alto a los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua y Veracruz, quienes buscan, por todos los medios, crear condiciones que les garanticen impunidad al final de sus gestiones, señaló el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera Ávila.

El legislador advirtió que la corrupción y malos manejos administrativos en esos estados no pueden verse como un asunto estrictamente local, ya que si no son atendidos y se aplica la ley, se pueden generar antecedentes y ejemplos nocivos para otras administraciones municipales y estatales.

Asimismo, criticó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) intente justificar la actuación de sus gobernadores, saliendo a cuestionar presuntas irregularidades de otros gobiernos, mirando la paja en el ojo ajeno y no en el propio.

Herrera Ávila dijo que los gobernadores priistas siguen sin entender el mensaje que los ciudadanos dieron el 5 de junio pasado, al censurar con su voto actos de corrupción y pésimas gestiones estatales.

Renuentes a aceptar esa realidad, dijo, los gobernadores salientes del PRI se han dado a la tarea de preparar “paquetes de impunidad”, para buscar evadir responsabilidades y protegerse de la justicia.
En los tres casos, han promovido cambios en instituciones locales responsables de atender casos de corrupción, con la designación de personajes incondicionales a ellos.

En Veracruz, por ejemplo, el gobernador Javier Duarte propuso a personas afines a él para ocupar los cargos de Fiscal General, Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, Fiscal Anticorrupción y Contralor, estos dos últimos pendientes de concretarse.

En Chihuahua, el gobernador César Duarte propuso la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, que dependerá del Poder Ejecutivo local, y pidió al Congreso local modificar el plazo del pago de 3 mil millones de pesos de deuda, que deberá saldarse del 4 de julio al 31 de diciembre, y aprobar un nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos, cuyo pago quedará atado a los ingresos de los próximos 20 años de las cuotas del peaje de las carreteras estatales.

En Quintana Roo, el gobernador Roberto Borge Angulo impulsó la conversión de la Procuraduría del Estado en Fiscalía General, cuyo titular durará en el cargo nueve años; la designación de tres nuevos magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el nombramiento de un nuevo Auditor Superior del Estado, todos ellos con personas leales a él.

Fernando Herrera Ávila dijo que las acciones de gobernadores salientes priistas buscan no sólo evadir responsabilidades, sino entorpecer las próximas administraciones estatales, por lo que es necesario que el Gobierno federal les ponga un alto.