En la conferencia mañanera del martes de la presente semana, 12 de marzo, y en respuesta a una pregunta —probablemente inducida— formulada por un reportero, el presidente López Obrador hizo un comentario que debe ser objeto —por su gravedad— de la mayor atención. Insinuó que sus adversarios, que él supone sienten perdida la elección presidencial de este año, “van a dar un golpe de Estado técnico”, consistente —dijo— “en hacer un fraude electoral desde los tribunales, desde el Poder Judicial”.

¿Por qué expresó lo anterior el presidente y volvió al tema también el miércoles, día en que hizo lo propio su candidata Claudia Sheinbaum? En primer lugar, para vacunarse. Y en segundo término para que se fije la atención en su denuncia y mantener oculta, como hasta ahora, la maniobra que tienen maquinada —él, su candidata Claudia y su grupo— para el caso de perder ellos la elección, consistente ésta sí en causa de algo que provocaría una grave crisis de Estado, que han manejado con gran sigilo como un as bajo la manga.

En el primer caso, es decir, en la hipótesis que sugiere López Obrador, consistente en que una de las contendientes y sus seguidores, entre éstos de manera relevante el propio presidente de la República, en el curso del proceso electoral están incurriendo en numerosas y graves infracciones, y éstas estén consideradas por la ley de la materia como causales de nulidad o de modificación de los resultados numéricos de la elección, y desde luego que tales anomalías e irregularidades queden debidamente probadas, y si el Tribunal Electoral actúa como lo previene el orden jurídico, en modo alguno se le puede llamar a esto “golpe de Estado técnico”. Exactamente, sería lo contrario a un golpe de Estado, porque se trataría más bien de preservar justamente el Estado de derecho.

López Obrador hace ahora la denuncia de un supuesto “golpe de Estado técnico” porque cree que de esta manera se vacuna, se cura en salud, sabedor de que es él precisamente quien ha sido y es, a lo largo de muchos meses, notorio y público violador de las disposiciones y normas de la legislación electoral.

Debe estar además consciente López Obrador de que sus numerosas infracciones y abusos han afectado de manera grave la equidad y la imparcialidad en la contienda, en perjuicio obviamente de quien es la candidata presidencial adversaria de su favorita, llamada ésta despectivamente por él mismo como la “corcholata”.

Amén del uso ilegal de recursos públicos, como a todos consta, desde mucho antes del arranque del proceso electoral, iniciado apenas a principios del pasado mes de septiembre. De ahí la necesidad que tiene AMLO de vacunarse, denunciando ahora como algo negativo lo que bien puede suceder y que él mismo ha provocado. Vacunarse, pues, digamos que con la llamada vacuna “Patria”, porque de nada le servirá.

A reserva de hacer un comentario más amplio y completo sobre este asunto en próxima entrega, cabe decir por ahora lo siguiente: que hasta el pasado 28 de febrero López Obrador tenía registradas 330 denuncias y quejas por infracciones electorales ante diversas autoridades en la materia, no pocas de las cuales han sido ya resueltas y precisamente en su contra.

A reserva de abordar también posteriormente en forma amplia en qué consiste el as bajo la manga que el grupo morenista y su caudillo parecen estarse guardando, ellos sí, para provocar una grave crisis política, que de manera resumida se trata de lo siguiente:

En su artículo 99, fracción II, la Constitución General de la República dispone que corresponde a la Sala Superior del TEPJF realizar el cómputo final de la elección presidencial, declarar la validez de ésta y a quien resulte presidente electo.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que para cumplir su anterior función la Sala Superior “deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes” (artículo 167, quinto párrafo).

Y resulta que desde el pasado 31 de octubre, en que terminaron su periodo dos magistrados, el Senado se ha negado a nombrar a los nuevos integrantes de la Sala Superior, razón por la que ésta después de casi seis meses sólo cuenta con cinco de siete magistrados. ¿Cómo entonces podrá calificar la elección presidencial si en el mejor de los casos sólo podrán estar presentes cinco, no seis magistrados, como lo ordena la ley?

La maniobra es obvia, para el caso, probable, de que Morena pierda la elección presidencial. Alegará la inexistencia jurídica del órgano facultado para declarar su validez, así como la declaración de presidenta electa. ¿O cuál es la razón de que en este asunto el Senado lleve casi medio año arrastrando los pies?