Ciudad de México, 20 de agosto de 2020.- El diputado federal panista, Rigoberto Mares Aguilar, lamentó las formas y métodos para ejecutar la justicia desde la 4T, en donde el trato hacia las carpetas de investigación es “manoseada” por terceros, con objeto de operar filtraciones y dañar o alterar procesos penales.

Como ejemplo, citó el caso de Emilio Lozoya, quien ahora funge como “conejillo de indias” a favor del Gobierno Federal para revertir la crisis mediática que ha lastimado tanto al presidente Andrés Manuel y MORENA por la incontrolable pandemia.

Aseguró que en con dolo, funcionarios de la Fiscalía General de la República operan el caso Lozoya para dañar la imagen de terceros, violentando procesos penales y las leyes de protección de datos.

En este sentido, el panista trabaja en una iniciativa para reformar el Código Penal Federal para imponer multas y condenas de entre 1 a 8 años de prisión a quien difunda o comunique documentos procesales a personas no relacionadas con las indagatorias, así como el estado en que se encuentran los procesos judiciales en curso.

Con esta legislación, explicó Rigoberto Mares, se busca garantizar el principio de presunción de inocencia y los derechos de quienes pudiesen estar involucrados en un caso, evitando el acoso en demerito de su imagen por la filtración de declaraciones, videos, fotografías o cualquier testimonio que forme parte del proceso.

“Se trata de aspectos que tienen que ver con la secrecía y el explícito resguardo de la información con base a lo dispuesto en normas de protección de datos personales, en posesión de sujetos obligados y el Código Nacional de Procedimientos Penales”, precisó.

Además, consideró que no hay más objetivo que cuidar los derechos de las víctimas, imputados o testigos y sus aportaciones, siempre velando por el resguardo de la información y no existan conductas mediáticas-políticas.

Las reformas al Código Penal Federal que propone el diputado Mares, fortalece los límites de la autoridad en el tratamiento de la información, para que no existan mecanismos intencionales o dolosos contra terceras personas en los expedientes judiciales.