Hay que evitar que el tema de los repatriados se convierta en una crisis humanitaria
Ante la agresiva política migratoria de Estados Unidos, las dependencias del Gobierno federal deben coordinarse en la implementación de los programas dirigidos a atender a nuestros connacionales, para obtener mejores resultados, afirmó la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.
“No parece haber alguna dependencia del Gobierno federal comandando los esfuerzos de coordinación, sino que las diferentes secretarías están haciendo su trabajo, pero no hay una coordinación de todos estos programas”, señaló en la reunión de trabajo “Diagnóstico de los programas para repatriados”
Gómez del Campo lamentó que el INM no cuente con los recursos necesarios para programas en beneficio de los mexicanos que son repatriados o que de manera voluntaria regresan a nuestro país.
“Creo que entre todos tenemos que hacer un esfuerzo para seguir presionando al Gobierno federal y que los ahorros que aparentemente existen en diversas secretarías se destinen a atender a millones de mexicanos repatriados”, indicó.
En reunión de trabajo en el Senado de la República, Gómez del Campo dijo que uno de los objetivos del encuentro es conocer si México está preparado para recibir a los repatraidos.
Señaló que es necesario analizar qué programas se están implementando para fomentar la economía en las comunidades de origen, cómo se va a aprovechar la mano de obra calificada, la experiencia de las personas que retornan e, incluso, conocer el impacto social ante la posible caída de las remesas.
“Necesitamos saber si está preparado para poderlos incorporar al mercado laboral, si se cuenta con las herramientas para que puedan abrir sus propios negocios, se inscriban en las escuelas, cuenten con sus documentos oficiales, o cómo se les apoyará en caso de separación de sus hijos o cónyuges; si cuentan con la información mínima requerida sobre las alternativas que tiene el gobierno mexicano para ellos”, expuso.
La política migratoria de Estados Unidos es cada vez más agresiva, con tintes persecutorios e intolerantes, al grado de querer definir como política de Estado la separación de familias, afirmó.
“La amenaza que tenemos enfrente no es nada más en lo económico, es también una crisis política y migratoria que debemos evitar a toda costa que se convierta en una crisis humanitaria”, apuntó.