Ciudad de México.- El plazo para la prescripción de los recursos de los cuentahabientes sin movimiento alguno debe ampliarse de tres a cinco años, previa notificación personal al cliente o, en su caso, a los beneficiarios de éste, con el fin de garantizar plenamente la seguridad jurídica de los usuarios de la banca, propondrán en una iniciativa los senadores panistas Fernando Torres Graciano y Ernesto Cordero Arroyo.

Resaltaron el caso de los migrantes y de los adultos mayores, quienes deciden depositar su patrimonio en alguna institución bancaria y, al no llevar a cabo movimiento alguno en su cuenta en tres años, son privados de sus ahorros.

En la exposición de motivos de su propuesta, que busca modificar los artículos 56 y 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, indicaron que en ocasiones las instituciones bancarias afectan a los ciudadanos en sus derechos sobre los depósitos e inversiones, al ejecutar un acto privativo de derechos, por lo que resulta necesario reformar la ley.

Señalaron que en la ley vigente no se considera que las instituciones bancarias deban notificar personalmente al cuentahabiente o a sus beneficiarios, sino que es suficiente con un aviso por escrito en el domicilio del cliente.

De este modo, Torres Graciano y Cordero Arroyo también plantearán que los titulares de las cuentas bancarias designen beneficiarios “con domicilio”, para que, dado el caso, puedan ser notificados personalmente por parte de los bancos de cualquier acción que pudiera afectar sus intereses.

Los senadores del PAN aseguraron que en nuestro país es una práctica constante que los ciudadanos omitan actualizar su domicilio.

“De acuerdo con la Verificación Nacional Muestral 2015, el 45 por ciento de los ciudadanos con credencial 09 y 12 cambiaron de domicilio sin reportarlo ante el Instituto Nacional Electoral, mientras que el 25 por ciento de los ciudadanos con credencial 15 también cambiaron de domicilio sin informar al Instituto”, precisaron.

Por ello, insistieron, es necesario reformar la legislación actual con el propósito de que los ciudadanos tengan pleno conocimiento del estado de sus recursos, lo que a su vez les permitirá formular su defensa ante cualquier acto arbitrario.

De ahí la importancia, concluyeron, de las reformas que impulsamos a la Ley de Instituciones de Crédito.