Ciudad de México.- La coalición Por México al Frente está determinada a enfrentar el pacto de impunidad, pues constituye el único camino de auténtico cambio del país.

En esta dirección es que hemos decidido convocarlos para dar a conocer la denuncia penal que hemos interpuesto esta mañana en contra de José Antonio Meade Kuribreña, candidato del PRI y Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, así como quienes resulten responsables por su participación en un fraude transexenal conocido como Etileno XXI, que es uno de los ejes centrales del desfalco millonario cometido por la empresa Odebrecht, servidores públicos y empresarios mexicanos.

Hemos dicho, y hoy lo reiteramos, que la búsqueda de la justicia implica la construcción de un auténtico Estado de derecho como el único camino para construir una verdadera democracia en contraste con quien hoy, sin facultades ni derecho legítimo, ofrece perdón y silencio a cambio de favorecer su camino al poder, como lo está haciendo Andrés Manuel López Obrador.

Hace apenas unos días ha surgido nueva evidencia que ofrece pruebas inequívocas de la participación de Meade Kuribreña desde prácticamente el origen de esta trama criminal.

La determinación de actuar ahora, desde la campaña de Por México al Frente, no es solamente una obligación ética y política en congruencia con lo que hemos señalado. La urgencia deriva también de la convicción de que este fraude que ha generado un desfalco por más de 5 mil millones de pesos y generaría pérdidas por más de 40 mil millones en los próximos años para Pemex y la economía del país, pretende continuarse en el nuevo gobierno de la República, considerando la incorporación de sus personeros en el gobierno que derive de las elecciones presidenciales que celebraremos el próximo 1 de julio.

En México, el fraude de Odebrecht se ha fraguado en al menos dos sexenios y no es un hecho de corrupción del pasado, sino un desfalco que sigue operando en el país día a día a través de su filial en México, la empresa Braskem-idesa que mediante el proyecto Etileno XXI sigue mermando las finanzas nacionales.

Así, la denuncia tiene una importancia especial, pues uno de sus principales operadores es contendiente por la Presidencia de la República, como es el caso de José Antonio Meade, pero además sabemos que, si fuese López Obrador quien ganase la elección por la Presidencia, incorporaría en su gabinete, como lo ha anunciado, a Javier Jiménez Espriú, el ex funcionario de Petróleos Mexicanos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ha formado parte del Consejo de Administración de la empresa Idesa, en la que participan además otras familias vinculadas al poder público como del Mazo y Escudero.

Presentar y dar a conocer esta denuncia es fundamental para evidenciar el modo en que ha operado el ciclo de corrupción política a partir de un mecanismo de desfalco que incluye la complicidad entre servidores públicos y empresas privadas.

A continuación, daremos a conocer los pormenores de la denuncia.

El diseño y ejecución del esquema criminal implicó:
(i) beneficiar indebidamente a un particular y a sus socios en el gobierno, por montos multimillonarios y durante por lo menos 20 años, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional;
(ii) garantizar impunidad transexenal a los creadores, ejecutores y beneficiarios del atraco mediante la entrega de cifras millonarias a Emilio Lozoya quien, como consta en declaraciones ministeriales en Brasil, habría recibido sumas millonarias cuando fue como parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012 y que a la postre fuese nombrado director de Pemex.

El esquema supuso tres acciones coordinadas y planeadas para llevarse a cabo:

● Por una parte, firmar un contrato que hasta hace muy poco se mantuvo en la oscuridad y cuya revelación muestra cómo Pemex se compromete a suministrar etano a un precio por debajo del mercado a la empresa Braskem-Idesa, filial de Odebrecht.
● Por otra parte, el Gobierno Federal mediante decretos llevó a cabo el incremento ilegal del impuesto a la importación de polietileno con la intención de beneficiar indebidamente a Braskem/Idesa, obstruyendo a sus eventuales competidores, en perjuicio de los consumidores y la economía de las y los mexicanos.
● Adicionalmente, a sólo 13 días después del inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, Pemex Gas y Petroquímica Básica celebró un Contrato de Servicios de Transporte de Etano por Ducto por un monto de USD 267.8 millones, que al final se convertirían en USD 371.4 millones. El objetivo de este contrato, derivado de una adjudicación directa, fue la construcción del ducto por el que se transportaría el etano hasta la planta del comprador, así como el transporte del etano. Curiosamente, los términos y condiciones de este Contrato fueron aprobados por el Consejo de Administración de Pemex el 29 de octubre de 2012, en la administración del Presidente Calderón. Es evidente que se trata de un acuerdo entre funcionarios que formaron parte de ambas administraciones. El beneficiario de la adjudicación directa es la empresa IEnova, cuyo Director General y Presidente del Consejo de Administración era (y es) Carlos Ruiz Sacristán, viejo amigo de Emilio Lozoya Austin y compañero de este último en el Consejo de Administración de OHL de 2010 a 2012.

El esquema previsto en el contrato ha supuesto, como lo ha acreditado la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en tan solo nueve meses de 2016, pérdidas por cerca de dos mil millones de pesos.

La trama de corrupción del caso Odebrecht se da entre otras cosas “en contra el consumo nacional”, que actualiza entre muchos otros el tipo delictivo establecido en el artículo 253, fracción I, inciso b) del Código Penal Federal, conforme al cual los actos o procedimientos que eviten o dificulten, o se propongan evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio, relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas esenciales para la actividad de la industria nacional, son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y deben ser sancionados con prisión de 3 a 10 años.

Los hechos son los siguientes:

El 19 de febrero de 2010 se celebró el Contrato de Suministro, por virtud del cual Pemex Gas y Petroquímica Básica se obligó a vender, a la empresa privada, filial de Odebrecht en México, el equivalente a 66 millones de barriles diarios de etano, durante un período de por lo menos 20 años, en un precio que se calcula con referencia al precio internacional de etano (Mont Belvieu Purity Ethane) o al precio internacional del gas natural (Henry Hub Natural Gas), con un descuento del 30% en el primer caso y de 20% en el segundo.

Un año más tarde, en abril de 2011, el Consejo de Administración de Pemex -encabezado por José Antonio Meade- es alertado sobre las irregularidades y los peligros de dicho contrato para Pemex y para el país, así como de la ilegalidad y falta de transparencia del proyecto.

El propio Meade, sin embargo, firmaría un decreto -publicado a 7 días antes de que terminase el mandato de Felipe Calderón- que garantizaría a Odebrecht el incremento de impuestos al polietileno. Meade no solo estaba informado e incumplió su deber de detener el proyecto, sino que, además, fue entre otros, el responsable de garantizar y producir condiciones ventajosas e indebidas a la filial de Odebrecht México en detrimento de la economía nacional.

Es evidente que las garantías de impunidad y la ejecución del desfalco transexenal pasaron por la actuación como servidor público del propio José Antonio Meade, quien fue uno de los operadores privilegiados del esquema a partir de su participación en ambos sexenios.

Hoy sabemos que Enrique Peña Nieto participó en dicho esquema al emitir decretos adicionales en favor de la filial de Odebrecht. Hoy sabemos también que su mandato ha supuesto un desfalco millonario que pretende perpetuarse más allá de su administración, en agravio del país.

Hoy decimos, con toda claridad y firmeza, que quienes resulten legalmente responsables deben enfrentar las consecuencias legales de su participación en una red que incluye muchos más nombres y responsables, mismos que se adjuntan en la denuncia presentada ante la PGR que hoy hacemos pública.

Sabemos que el encargado de despacho de la PGR, a las órdenes del Enrique Peña Nieto, ha sido uno de los principales encargados de perseguir políticamente a nuestro candidato a la Presidencia de la República, suponemos que intentará por todos los medios encubrir la responsabilidad de Peña y de Meade, pero sabemos también que la vía democrática supone utilizar y exigir que sean las instituciones las que cumplan su deber y garanticen el cumplimiento de la ley.

Hoy reiteramos nuestro compromiso de que, al llegar a la Presidencia, construiremos una Fiscalía autónoma, al margen de intereses facciosos o de grupo, en donde será fundamental deslindar responsabilidades tanto de servidores públicos como de empresarios y personas morales vinculadas a este y a otros casos.

Estamos convencidos de que el cambio de régimen solo será posible a partir de hacer valer la justicia y esclarecer lo que ha ocurrido en el pasado, pero al mismo tiempo supone enfrentar las redes de corrupción que se han incrustado en el poder público y que pretenden perpetuarse.