Ciudad de México a, 08 de agosto de 2021.- A casi la mitad de este gobierno federal sólo existe una realidad: mientras la recaudación fiscal rompe todos los récords, los gastos en las obras faraónicas se incrementan día con día, los presupuestos para las fuerzas armadas para tareas que no son parte de su misión se multiplican y las finanzas públicas permiten soportar los boquetes de PEMEX y CFE, los mexicanos tenemos que enfrentar el hecho de que al inicio de esta administración había 51.9 millones de personas en situación de pobreza y hoy sumamos 55.7 millones, al tiempo que hay 18.6 millones de hogares con alguna dificultad para satisfacer sus necesidades alimentarias y 35.7 millones de personas están sin cobertura de servicios de salud.

La promesa presidencial de “primero los pobres” se ha reducido sólo a un eslogan de campaña que ha quedado al descubierto por los datos confiables arrojados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL)

Así lo aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, quien destacó que en estos tres años de “trastornación” es más importante seguir haciendo propaganda que trabajar por el bienestar general de la población.

Hay que reconocer que los más pobres han sido afectados por las inundaciones en el sureste, por la cancelación del Seguro Popular, por la eliminación de las estancias infantiles, por el fin del Fondo Nacional para la Atención de Emergencias (FONDEN), por el aumento de la inflación, de la inseguridad, la corrupción y la escasez de medicinas; en una palabra, no es ético que los más pobres sean sólo una bandera, un lema de campaña o estribillo para adornar las mentiras y ocurrencias de las mañaneras.

El líder de la bancada panista sostuvo que con cifras oficiales y más allá de “los otros datos” simulados que dice tener el presidente López Obrador, las transferencias del gobierno, es decir “las ayudas” de los programas sociales, fueron insuficientes para compensar la caída de los ingresos de los hogares mexicanos.

Particularmente en el campo, la disminución del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es criminal, con un impacto directo sobre los mexicanos que laboran en el agro nacional. Cabe recordar que de 92 mil millones de pesos asignados en la “época neoliberal” de 2015 para este año, cuando los “pobres son primero” la cantidad destinada es de prácticamente la mitad con 49 mil 300 millones de pesos.

“El INEGI confirma la realidad que vivimos con un gobierno que dice estar cerca de los pobres, pero que en los hechos es todo lo contrario: el 90 por ciento de las familias tuvo una disminución en sus ingresos durante 2020. Esta situación se reflejó en el menor número de viviendas con seguridad alimentaria”, puntualizó.

El encarecimiento de la tortilla, el pan y aceites se relaciona directamente con el alza en el costo del maíz en 60 por ciento, trigo 20 por ciento y la soya en 35 por ciento. Y son datos que el presidente desconoce o no quiere ver porque está desconectado de la realidad y no le conviene. Y a esto habrá que sumar el alza en el costo de las materias primas como efecto del encarecimiento de granos por la gran demanda de China, la sequía en Brasil y la caída de los inventarios de Estados Unidos.

Romero Hicks estimó que el aumento de la pobreza en México en 2019 y 2020, en gran parte tiene su origen en el incremento del gasto que las familias hicieron para atender su salud, ante la falta de cobertura en las instituciones públicas, la saturación del sistema y el desabasto de medicinas.

MILLONES DE MEXICANOS TUVIERON QUE GASTAR EN SALUD

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) certifica lo que advertimos desde que inició el sexenio del presidente López Obrador, cuando se comenzaron a desmantelar las instituciones sanitarias: los mexicanos perdimos nuestro derecho a la salud.

Con la desaparición del Seguro Popular en 2019 perdimos la garantía de atención médica para 55 millones de afiliados; después con la pandemia y la saturación de los hospitales, millones quedaron sin tratamientos regulares, millones más decidieron no hacer uso del sistema público y gastar de su bolsillo en atención. Hoy 40% de la población acude a los servicios privados de salud.

Por si esto fuera poco, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para la salud viene a la baja desde 2018; hay subejercicios en el IMSS y el ISSSTE; los fideicomisos para atender enfermedades catastróficas fueron saqueados, para poner el dinero en los proyectos “prioritarios” del presidente.

La creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) ha resultado un caos, ocasionando parálisis e incertidumbre, que va desde despidos de personal, falta de insumos y equipo, centralización irracional de la administración que antes funcionaba al estar en manos de las entidades federativas, atraso en las transferencias de recursos, mala planeación de compras de medicamentos e insumos para la salud, hasta el cobro de cuotas ilegales y la negación de la atención médica a antiguos beneficiarios del Seguro Popular.

“De 2018 a 2020 los Estados más afectados por la pérdida del derecho a la salud son los más pobres, en Oaxaca la carencia aumentó 20.7%, en Guerrero 19.7% y en Chiapas 19.5%, muy por encima del 12% de promedio nacional. Está claro que la política de la “cuarta trastornación” va en contra de los mexicanos, pero es peor para la población en situación de pobre”, finalizó Romero Hicks.