Tijuana, BC.- “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, señala el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En base a éste y en plena conciencia de mis palabras y acciones, jamás actué ni hablé en contra de los miles de integrantes de la Caravana Migrante que arribaron a finales de este 2018 a Tijuana con la intención de ingresar a Estados Unidos. Recordemos que esta ciudad fronteriza esta constituida por migrantes que han formado en Tijuana su vida y como tal le damos a todo aquel que arribe con la intención del bien hacer, la más cordial bienvenida.

Recientemente un juez federal en materia de amparo, notificó al presidente municipal, Juan Manuel Gastélum, de abstenerse al expresar todo aquello con relación al tema de la Caravana Migrante, incluyendo el accionar de la Policía Municipal de Tijuana y dejar todo en manos de autoridades federales -Instituto Nacional de Migración-, quien cabe resaltar tomó medidas ya una vez que la Alcaldía controló el fenómeno que se vivió al norte de la frontera de México.

“Es una total censura a la libertad de expresión, voy a recurrir a esa resolución interpuesta por la asociación denominada Alma Migrante, pero no es posible que por encima de mí y nuestro derecho, una autoridad vulnere la garantía constitucional de la libertad de expresión, no es correcto, lo que debo resaltar con respecto al actuar del juez de distrito y titulares de los derechos humanos es que no les importan los derechos de todas aquellas personas que recibieron agresiones y adversidades con la estancia de las personas que permanecieron afuera de la Unidad Deportiva Benito Juárez y que gracias a una acción concertada logramos movilizar de manera voluntaria al Barretal”, expresó el primer edil.

En entrevista con El Universal, El Edil señalo que el lunes 31 de diciembre su administración interpondría un recurso de revisión contra la orden del juez federal y que también darían aviso a la Judicatura Federal.

También denunció que “La orden no la dio el Juez (de Distrito) sino su secretaria de acuerdos”, lo cual excede las facultades que la ley le permite “al ordenar evitar que me pueda expresar”, fonalizó el edil.