Marcos Pérez Esquer.- Esta semana en el Congreso de la Unión hubo dos votaciones muy relevantes en torno a la Guardia Nacional. Por una parte, la mayoría oficialista aprobó, en ambas cámaras, una reforma legal a varias leyes, principalmente a la Ley de la Guardia Nacional, por la que se le otorga el control operativo y administrativo de esa corporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ya se ha dicho mucho, eso es absolutamente inconstitucional porque la Carta Magna claramente señala que la Guardia Nacional será una corporación policial de carácter civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, así que en los próximos días el Poder Judicial seguramente estará conociendo de las acciones de inconstitucionalidad y amparos que se interpongan, y que sin duda resultarán exitosos. ¿A qué le apuesta entonces el gobierno? Pues parece ser que le apuesta a que el Poder Judicial tramite con lentitud los asuntos, de suerte tal que, para cuando les recaiga sentencia, López Obrador ya haya terminado su gestión. Pero eso está por verse.

El otro tema fue la votación en Cámara de Diputados (aún falta el Senado), por la que se reforma el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Se trata de un precepto que autoriza al Ejecutivo a echar mano de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública durante un plazo de 5 años, en tanto la Guardia Nacional y las corporaciones policiales locales se fortalecen y profesionalizan. La reforma votada, amplía ese plazo a 9 años. Como se trata de una reforma a un artículo transitorio de la Constitución, se requería una votación calificada de dos terceras partes de las y los diputados presentes, es decir, al oficialismo no le alcanzaban los votos, de suerte tal que pactó con el PRI para que fuera este quien presentara la propuesta y les aportara los votos necesarios.

De fondo, la propuesta es una pésima idea. Lo que esta reforma provocará es que el gobierno se desentienda totalmente y desde ahora de su responsabilidad de consolidar corporaciones policiales civiles sólidas y confiables, cómo era el plan constitucional.

Es decir, en vez de presionarlo para que cumpla con su tarea de consolidar un aparato de seguridad, o al menos para que avance en ese objetivo, se le releva de esa responsabilidad y se le echa la papa caliente al ejército.

Pero más allá del fondo del asunto, a una buena parte de la sociedad le ha preocupado la forma en la que se ha llevado a cabo todo esto.

El PAN, el PRI y el PRD habían pactado lo que denominaron una “moratoria constitucional”, es decir, un bloque de contención para evitar que el gobierno tuviera los votos necesarios para reformar la Constitución en específicamente a tres temas: la reforma eléctrica, que en efecto fue frenada; la reforma electoral, que hasta ahora ciertamente no ha avanzado; y la militarización de la Guardia Nacional.

En este sentido, la decisión del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, de respaldar al gobierno ampliándole el permiso para usar a los militares en seguridad pública, ha sido visto por sus aliados como una traición, y por lo tanto como ocasión para el rompimiento de la alianza Va por México de cara a las elecciones de Coahuila y el Estado de México este año, y del paquete completo en 2024. De hecho, el PAN y el PRD declararon suspendida la alianza, y Alito, bravucón, les ha retado a disolverla.

Parecieran ser los estertores de la coalición.

A mucha gente le preocupa porque ven en este rompimiento una renuncia anticipada a la posibilidad de ganarle a Morena en el 2024. Yo no lo creo así.

Primero, porque veo altamente probable que, a la muerte de la alianza, le sobrevenga su renacimiento, ya sea con el propio PRI -que puede alegar que no traicionó, ya que acompañó a la oposición con su voto contra la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA, y después solo aprobó ampliar el plazo de participación de la milicia en seguridad pública, que es algo muy distinto a militarizar la Guardia-, o bien, con Movimiento Ciudadano, que ya es casi del tamaño del PRI.

Y segundo, porque el PRI con el que el PAN y el PRD se han estado aliando ya es un mero cascarón que solo detenta la dirigencia formal y alguna influencia entre sus diputados; el PRI que todavía cuenta con alguna fuerza electoral radica en sus gobernadores, que generalmente han estado jugando con Morena, no con la alianza, así que, en realidad, la salida del PRI de la alianza no significa mucho. En una de esas, la alianza PAN-PRD, sin el PRI, podría ser incluso más atractiva para un gran segmento de la población.