Ciudad de México.- Debido a que la nueva mayoría oficialista de la Cámara de Diputados no escuchó la voz del Partido Acción Nacional sobre la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández presentó una iniciativa que contempla la creación de un Comité de Remuneraciones que funja como Órgano Técnico Colegiado, responsable de fijar el salario del Presidente de la República.

Explicó que “el salario del Presidente de la República no puede ser fijado de manera arbitraria, ya sean 108 mil pesos, o sean 100 mil o sean 120 mil, tiene que haber criterios técnicos para determinar cuánto vale el trabajo del Presidente de la República y cuánto vale el trabajo de los Servidores Públicos de los 3 Poderes de la Unión”.

En la exposición que hizo desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas dijo que el Comité de Remuneraciones propuesto junto con el Órgano Técnico Colegiado evaluaría y emitiría recomendaciones y colaboraría en la determinación de los salarios de los Servidores Públicos con base en criterios razonables, objetivos, imparciales y proporcionarles.

La iniciativa propone la modificación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que los Servidores Públicos sean responsables por actos u omisiones que comprometan recursos públicos y se modifiquen las conductas atípicas establecidas en los artículos 17 bis y 217 ter del Código Penal Federal.

La legisladora federal expresó que el Partido Acción Nacional ha advertido que la austeridad no debe ser mediocridad.

“Las y los mexicanos merecen un gobierno honesto, austero, pero también profesional que sea capaz de traducir en políticas públicas eficaces, las promesas de campaña del hoy Presidente López Obrador”.

“Por eso preocupa que, bajo la correcta bandera de la austeridad, hay en realidad un desprecio por el Servicio Público y la no valoración de miles de servidores públicos apartidistas altamente capacitados que han realizado un buen trabajo durante años”, sentenció.

Finalmente apeló a que los diputados de la mayoría apoyen estos cambios, pues aseguró que “México no se merece una administración desmantelada con servidores públicos desmotivados que no sean valorados por su experiencia, su capacidad y su profesionalismo”.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen y a la Comisión de Justicia para su opinión