Por Alejandro Díaz.- A principios de 2016 todo mundo daba por hecho que Evo Morales se quedaría mucho tiempo en el poder. El desempeño económico y alimentario de Bolivia era imparable. Era el país con más crecimiento de toda Sudamérica. El PIB creció anualmente más del 4% durante su mandato y las exportaciones superaban con mucho a las importaciones. Por primera vez disminuyó la pobreza y muchos podían alcanzar el sueño de una vida mejor, aunque también aumentó el área sembrada con coca y se multiplicaron las transacciones del narcotráfico.

Electo por primera vez en 2005 con el 54% de los votos, fue reelecto en tres ocasiones, con cada vez mayores porcentajes de aprobación. Fueron subterfugios legales los que le permitirían estar más de 14 años en el poder: la constitución boliviana original permitía una sola reelección, pero con el argumento de que el país cambió de nombre (de República de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia) y una nueva constitución, el Tribunal Supremo dictaminó dos veces su derecho a ser reelecto.

Como la nueva constitución mantuvo el límite de una reelección, Morales realizó un plebiscito que le permitiera permanecer indefinidamente. Sin embargo, perdió esa votación en febrero de 2016, y mantuvo el poder sólo porque su partido tenía el control del Congreso y del Tribunal Supremo.

Las elecciones de octubre de este año lo favorecieron parcialmente pues fue el candidato más votado, pero sin obtener lo suficiente como para ser declarado triunfador. Obligado a presentarse a una segunda vuelta, Morales ilegalmente proclamó el triunfo, y en menos de una semana la gente se volcó a calles y plazas en paros, protestas y manifestaciones. La OEA se negó a avalar la elección. La ilegalidad presidencial desató la presión de la calle en todo el país, y primero la policía, y después, el ejército, se negaron a reprimir a la población.

Después de tres semanas de disturbios, el comandante de las Fuerzas Armadas, el general Kalimán, le sugiere al Presidente renunciar para restablecer la paz pública y Morales lo hace formalmente. A pesar de ello denuncia haber sufrido un “golpe de Estado” y busca exiliarse. No con sus aliados más estrechos (Cuba y Venezuela) sino en México.
El Secretario de Relaciones Exteriores, bajo órdenes de López Obrador, le ofrece asilo y envía un avión de la Fuerza Aérea para traerlo a México. Aunque lo hace en concordancia con la tradición mexicana de dar asilo a luchadores sociales y a decenas de gobernantes depuestos (desde 1878 con José Martí), la población recibe la noticia con escepticismo. No por el asilo en sí, sino porque en tiempos de una política estricta de austeridad que ahoga a hospitales y universidades se emplean dineros públicos para traerlo en avión cuando ni siquiera buscó refugio en nuestra embajada en La Paz.

¿Por qué pierde el apoyo popular un presidente aparentemente exitoso? No dudemos que por la misma razón que surgieron los disturbios en Chile: el éxito económico no es suficiente si no hay medidas eficaces para que los beneficios alcancen a la mayoría de la población. Si además el control del partido mayoritario inhibe la participación cívica y se impone cuando pierde las elecciones, la alternativa es ganar la calle.

En nuestro caso, la economía no está boyante, y los más afectados son los recién salidos de la pobreza que tienen riesgo de volver a ella. Si además, se le añade la imposición de funcionarios -como la nueva Comisionada de la CNDH-, el deficiente crecimiento económico y la mala distribución del ingreso son una mezcla explosiva.

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