La conmemoración de los 109 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos convoca a una reflexión que trasciende los actos protocolarios y discursos de ocasión. 

Más allá de las efemérides, hoy nos enfrentamos a una interrogante ineludible: ¿Qué significa nuestra Carta Magna en el México actual? ¿Es aún el pacto que sostiene a la República o se ha convertido en la reminiscencia de un anhelo inalcanzado? 

Nuestra Constitución de 1917 nació como una obra de vanguardia. México tuvo el atino histórico de ser el primer país en el mundo en elevar los derechos sociales a rango constitucional, reconociendo el derecho al trabajo, al salario digno y a la educación como pilares de la justicia social. 

Durante más de un siglo, el texto ha sabido evolucionar, incorporando mediante reformas trascendentales un sistema electoral competitivo, los derechos de las mujeres, la protección de la infancia y de los pueblos indígenas, así como la creación de órganos autónomos que actúan como necesarios límites al poder.

Sin embargo, a más de cien años de distancia, la realidad nos arroja una verdad incómoda: gran parte de esos derechos siguen siendo una aspiración lejana para millones. Con casi la mitad de la población en pobreza, un rezago educativo persistente y una violencia que no da tregua, el texto constitucional se percibe, en muchos sectores, como una promesa incumplida.

Y el problema central no está en la cantidad de cambios que ha sufrido -llevamos aproximadamente 850 reformas- sino en el “cómo” y el “para qué” se reforma, y desde luego en el “cómo” y “cuándo” se aplica. Hoy la Constitución se reforma a capricho y se cumple a contentillo. 

De hecho, en los últimos años, hemos sido testigos de una preocupante regresión constitucional donde el desprecio por la norma ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla. 

Reformas involutivas que reconcentran el poder en una sola instancia amenazando con desmantelar el Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Ejemplos de esta erosión sobran: la militarización de la seguridad pública en franca contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos; la reforma al Poder Judicial que aniquila la independencia de los jueces; la eliminación de los organismos de transparencia y el debilitamiento del juicio de amparo. Todas estas acciones configuran un asalto sistemático al sistema de pesos y contrapesos.

Por otra parte, el desacato sistemático de las resoluciones judiciales incómodas por parte del Ejecutivo que juró “cumplir y hacer cumplir la Constitución”, desmorona el estado de derecho en una suerte de rescisión del contrato social.

El reto que enfrenta México hoy no está en cambiar la Constitución, sino en tener la voluntad política y ciudadana de defenderla, respetarla y hacerla realidad. 

Defenderla frente a quienes promueven reformas facciosas que traicionando su espíritu modifican hasta sus cláusulas pétreas; respetarla frente a quienes evaden su pleno cumplimiento viéndola como un estorbo e invocándola solo cuando les favorece; y hacerla realidad para las familias que, debido a la incompetencia y la corrupción, aún no ven reflejados en su vida cotidiana los derechos que el texto les promete.

La Constitución no es un documento decorativo para aplicarse a conveniencia. Es el pacto social que garantiza nuestra convivencia armónica. Ignorar sus límites es dar paso al autoritarismo. Protegerla hoy no es un asunto de legalismo, sino el único camino para salvaguardar nuestros derechos y libertades, nuestra democracia, y el futuro de México y de las próximas generaciones. 

La patria llama. De continuar la displicencia y la falta de entereza, la conmemoración de hoy, podría ser el réquiem de mañana.