Marcos Pérez Esquer.- El programa de vacunación contra el Covid-19 empezó en México en enero de 2021, y empezó priorizando al personal de salud, cosa que se entiende y se respalda; aunque no a todo el personal de salud, recordemos que se le regateó hasta el cansancio al personal médico del sector privado, y al gremio de los dentistas.

Mucho hubieron de batallar para que se entendiera que también estaban muy expuestos al contagio porque hacían ya no de “primera línea” como se les llamó a los que atendían a pacientes Covid, sino de “primer contacto”, porque atendían a quienes llegaban aun sin saber qué padecían, para que estos médicos (muchas veces del sector privado) les diagnosticaran Covid. De hecho, muchos de ellos recibieron la vacuna no por prioridad, sino cuando les tocó en términos de su edad. Esta es una de las muchas decisiones gubernamentales ignominiosas en la gestión de la pandemia que quedarán registradas como tales en nuestra historia.

Después se priorizó a adultos mayores con comorbilidades, luego a los sin comorbilidades, y luego a los de menos edad. Esto, porque le evidencia decía que la pandemia resultaba mas agresiva con las personas de mayor edad, y peor aún con quienes padecían comorbilidades.

Sin embargo, por ahí trascendió una cosa que el gobierno pretendió ocultar: priorizó la vacunación del personal de seguridad, militares y guardia nacional. Hasta ahora sigue sin ser plenamente reconocido, pero es ampliamente sabido que así fue. Más tarde se priorizó también al magisterio.

Pero a quienes nunca se ha priorizado ni tomado en cuenta es a la población de niñas, niños y adolescentes. En las primeras etapas de la pandemia esto parecía razonable, los menores no solían contagiarse, o al menos no sufrían un padecimiento grave. La gran mayoría parecía no contagiarse nunca, o ser totalmente asintomática. Se les pedía no visitar a los abuelos para no exponer a los viejos al contagio, pero nadie se preocupaba por ellos.

Tristemente la realidad cambió de tajo, y los jóvenes, y cada vez los mas jóvenes, empezaron a enfermar. Muchos de ellos incluso a presentar síntomas post-covid de todo tipo.

Del 12 de abril de 2020 al 25 de julio de 2021, el número de pruebas positivas entre menores aumentó de 84 casos a 57,490 casos. De ellos, 595 han fallecido. Dramático. Especialistas y publicaciones de divulgación científica como The Lancet, empezaron a alertar sobre este fenómeno. Incluso el 24 de junio la Cofepris autorizó el uso de la vacuna Pfizer en menores de 12 a 17 años, aunque no la hubo disponible para ese segmento etario en México.

Ante la evidencia, ya 22 países del mundo aplican la vacuna contra el Covid a menores de edad. En Inglaterra y Suecia a partir de los 16 años; en Honduras a partir de los 15; en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania, España, Australia, Francia, Italia, Noruega, Suiza, Japón e India, a partir de los 12 años; en Chile a partir de los 6; en China, Emiratos Árabes e Israel, a partir de los 3 años, e incluso Cuba a partir de los 2 años de edad.

En México sin embargo, de nueva cuenta, el problema se minimiza y las medidas se postergan. Ya parece el sello característico del actual gobierno: la indolencia.

Nuestros funcionarios no solo incurren en falta por omisión, sino que cuestionan a padres de familia que interponen juicios de amparo para obligar a las autoridades sanitarias a vacunar a sus hijos. López-Gatell, quien a estas alturas ya resulta en un ser despreciable, señaló que por cada niño que obtenía una vacuna vía amparo, había un adulto que la necesitaba y dejaba de recibirla. Un argumento deleznable.

La Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos señalan que uno de los principales derechos de las niñas, niños y adolescentes es justamente el derecho a la salud, pero también el derecho de prioridad, esto es, siendo la salud un derecho que nos asiste a todos, en el caso de los menores el gobierno tiene una obligación reforzada, debe atenderles con prelación, con prioridad.

Lo que menos ha ocurrido es eso. De hecho pareciera que somos todos los demás quienes tenemos prioridad sobre los pequeños. Incluso se llega al extremo de obligarles a volver a clases presenciales sin haber sido vacunados. Irresponsable en grado extremo.

Ya es hora de priorizar a niñas, niños y adolescentes, es obligación jurídica y moral. Pero claro, los pequeños no votan, y para el gobierno pueden quedar al final.