Ciudad de México, 4 de noviembre de 2019.- El planteamiento de la Ley de Amnistía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no ataca a la pobreza, pero si refuerza la conducta delictiva, señaló la diputada de Acción Nacional, Mariana Dunyaska García Rojas.

Al dar su postura en el marco de la Mesa de Trabajo de la iniciativa de la Ley de Amnistía en las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Población, García Rojas, dijo que dicha ley, refuerza la conducta delictiva y esto, vemos que es contradictorio en lo que se está queriendo plantear para mejorar el sistema de justicia.

Por eso, a nombre de los integrantes del PAN en dichas comisiones, señaló que se requiere una mejor aplicación de la ley, que la ley no sea subjetiva, y se requiere un código penal único; así que tenemos muchas otras medidas y mucho trabajo por hacer para poder alcanzar una justicia plena.

De acuerdo a la legisladora de Acción Nacional, el planteamiento de esta Ley de Amnistía tiene que ver con que el reconocimiento de que el sistema de impartición de justicia no está funcionando de manera correcta, entonces estamos hablando de que no es un tema legal, es un tema operativo, es un tema de voluntad política y de aplicar correctamente las leyes.

Y en este sentido, al reconocer las fallas del sistema de impartición de justicia, existen ya preceptos y figuras jurídicas vigentes, cuyo perfeccionamiento haría innecesaria la emisión de una ley de amnistía, subrayó.

Puntualizó que la Ley de Víctimas y los derechos de las víctimas están hechas a un lado; “es un mal mensaje hablar de perdón y olvido y generar impunidad a la sociedad, sino se genera un código penal único reconociendo que el problema del narcomenudeo; a nivel federal solamente son mil 45 casos, a nivel estatal son 98 mil 694”, apuntó.

Se extingue las responsabilidades penales y las sanciones, persiste la responsabilidad civil y los derechos de las víctimas. Las personas beneficiadas no serán procesadas en un futuro por los mismos hechos; esto también resulta grave, las leyes no garantizan estos supuestos, las sanciones a funcionarios que imparten justicia o incurren en abusos, la prevención del delito no está tampoco incluida.

En este marco, lamentó que, por un lado, tenemos una visión del gobierno de mayor penalización con el artículo 19, la extinción de dominio, las facturas falsas, convirtiéndolas en crimen organizado, pero en contraposición tenemos que se cierran las islas marías, se quiere generar la ley de amnistía o el caso de Sinaloa con el tema de Ovidio Guzmán.

“¿Queremos plantear soluciones serias al sistema de justicia? creo que ese sería el tema, tenemos que generarlas y en este sentido, se necesita hablar de sanciones a funcionarios públicos que incurran en delitos que lesionen a pueblos indígenas, a mujeres, a jóvenes; que violenten el debido proceso, etc., que se logre hablar en lenguas indígenas en las zonas que sean diagnosticadas que hay mayor incidencia de casos en donde llegan estos pueblos a dirimir sus problemas”, finalizó.