“El mayor riesgo de las vacunas es no recibirlas.” Dr. Seth Berkley

México, estimados lectores, había sido líder en Latinoamérica en materia de vacunación, logrando una reducción significativa de enfermedades y muertes prevenibles. Esto benefició especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer y padecimientos reumáticos.

La vacunación es un derecho universal y un bien público que requiere la corresponsabilidad de la población para alcanzar coberturas superiores al 95% por biológico y al menos un 90% de esquemas completos en cada grupo de edad. No cumplir con estos estándares pone en riesgo la erradicación de la poliomielitis, el control epidemiológico de la difteria, la eliminación del tétanos neonatal y no neonatal, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Además, se compromete la prevención de infecciones graves como la tuberculosis, el Haemophilus influenzae tipo B y la tosferina, así como la reducción de la incidencia del Virus del Papiloma Humano y la influenza.

Desde el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, el gobierno de Morena evidenció su negligencia presupuestaria al reducir el presupuesto de vacunación a 2,130.9 millones de pesos, 512 millones menos que en 2018. En ese momento, alerté sobre el riesgo que esto representaba, agravado por fallas en la rectoría del Sistema Nacional de Salud y la ausencia de un sistema nominal sectorial que permitiera monitorear el estado de vacunación infantil. 

Se sospechaba, con base en evidencia, que las coberturas reales no superaban el 80%. Como muestra, el Instituto Nacional de Pediatría advertía que la mitad de los casos de tosferina en menores de un año se daban en niños sin esquema completo de vacunación. Esto solo podía explicarse por dos razones: falta de disponibilidad del biológico o incapacidad del sistema de salud para convocar y persuadir a los familiares sobre la importancia de la vacunación.

Siete años después, como legislador y Secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, he denunciado de manera sistemática el subejercicio recurrente en los programas de vacunación y su impacto directo en el resurgimiento de enfermedades prevenibles. Hoy, los brotes de sarampión y tosferina que azotan al país confirman lo peor: México enfrenta una crisis de salud pública anunciada, producto de la miopía administrativa y la opacidad en el manejo de recursos.

Los datos son contundentes. En 2023, se dejaron de ejercer 58,127 millones de pesos asignados a la función salud, lo que equivale al 14.5% del presupuesto autorizado. Entre los programas más afectados. Vacunación: -79% de ejecución (5,900 millones de pesos no aplicados). Vigilancia epidemiológica: -40.5%. Prevención de enfermedades: -35.1%.

Este desfalco explica por qué, en lo que va de 2025, se han reportado 120 casos de tosferina, ocho veces más que en 2024, y por qué el sarampión, eliminado oficialmente en 1996, ha reaparecido con brotes focalizados. La relación es directa: menos recursos ejercidos equivalen a menor capacidad de respuesta sanitaria.

El círculo vicioso inicia con el subejercicio, sigue con la baja cobertura de vacunación y culmina con la aparición de brotes. La ENSANUT 2021 ya alertaba sobre el incremento al 0.8% de niños no vacunados, concentrados en comunidades rurales y sectores socioeconómicos bajos. Aunque el porcentaje parece mínimo, representa a 280,000 menores desprotegidos.

El caso más grave es el de la vacuna DPT (difteria, tosferina y tétanos). En 2019, México se ubicó en el top 10 mundial de déficit de cobertura infantil. Para 2024, solo el 64% de los municipios reportan esquemas completos.

Otro pendiente crítico es la cartilla digital de vacunación. Desde 2018, UNICEF recomendó implementar un sistema de registro electrónico. A la fecha, 19 estados carecen de infraestructura digital para monitorear coberturas, lo que provoca doble vacunación en 12% de los casos urbanos; subregistro del 38% en zonas indígenas y desperdicio del 15% de biológicos por caducidad.

El Dr. Mauricio Hernández Ávila lo advirtió en 2020: “Sin datos en tiempo real, estamos combatiendo epidemias a ciegas”. Hoy, esa ceguera se traduce en una alerta epidemiológica en 21 estados por tosferina. Mientras tanto, las familias asumen los costos financieros de sus niños enfermos y el sistema de salud enfrenta un aumento en la demanda de atención por enfermedades prevenibles.

La ecuación es simple: cada peso no ejercido en vacunación genera un gasto posterior de $17.3 pesos en atención médica, según la Organización Mundial de la Salud. La solución está identificada y solo falta voluntad política: Campaña nacional de recuperación con unidades móviles en 6,500 localidades marginadas. Brigadas casa por casa en zonas urbanas vulnerables. Jornadas escolares intensivas. Cartilla Nacional de Vacunación Digital, integrada con CURP y el sistema educativo. Alertas automáticas para dosis pendientes. Georreferenciación de coberturas. Transparencia presupuestaria con tableros de ejecución en tiempo real y comités ciudadanos de observación. Penalizaciones por subejercicio recurrente.

El modelo, dice el IMSS, ya funciona en Nuevo León (89% de cobertura) y Yucatán (92%). Escalarlo a nivel nacional requeriría 3,800 millones de pesos anuales, apenas el 1.2% del presupuesto de salud.

Desde esta columna exigimos la restitución inmediata de los 5,900 millones de pesos no ejercidos en vacunación, la creación de una Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, y la firma de un convenio con la OPS para auditar el programa de vacunación.

La salud pública no admite más simulaciones. Cada día de inacción se traduce en vidas perdidas, familias endeudadas y un sistema colapsado. Los brotes de hoy son consecuencia de las omisiones de ayer. Mañana podría ser demasiado tarde.

*Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.