Marcos Pérez Esquer.- El viernes pasado, en este mismo espacio, comentábamos lo que había sucedido en la Cámara de Diputados el día previo, en el que, en el contexto de todo un frenesí parlamentario se aprobaron múltiples proyectos de reformas legales e incluso constitucionales, sin la más mínima labor de análisis.

El proceso fue atropellado y sucio, prescindió de la participación de las comisiones y del más elemental debate, pero abrigue la esperanza de que, en la Cámara de Senadores, que suele ser más atemperada que su colegisladora, hubiese manera de poner pausa a esa irresponsable agitación legislativa.

Sin embargo, la prudencia, la sensatez, el aplomo que suele haber en el Senado de la República, brilló por su ausencia.

En la espuria sesión celebrada en el patio de una sede alterna durante la madrugada del sábado hubo de todo: falta de convocatoria, falta de participación de las comisiones, trámites de obvia y urgente resolución sin justificar, falta de quórum en la votación de la ley de ciencia, y hasta la toma de protesta a una Senadora suplente para que votara en lugar de la propietaria que se encontraba de comisión en la reunión México-Unión Europea en Bélgica; así que durante 5 horas, tuvimos un Senado con 129 integrantes en activo, cuando la Constitución contempla 128.

Pero más allá de eso, aquello, más que una asamblea parlamentaria, parecía una turbamulta linchando instituciones. La frenética mayoría morenista, incumpliendo un acuerdo previo, no solamente impidió la normalización de las operaciones del INAI al bloquear el nombramiento de un Comisionado, sino que se siguió de frente y acabó con la Financiera Rural -y con los correspondientes apoyos al campo-, pero también con el Conacyt, para supuestamente crear una nueva institución en la que los militares formarán parte de su directiva, acotando las investigaciones a lo que sea del interés gubernamental e ideologizando la ciencia. Con esta decisión, se formaliza una política implementada desde inicios del sexenio por la directora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, que astringe las becas y los apoyos a investigadores no alineados. En voz del destacado científico Antonio Lazcano, con esta política “estamos atestiguando la mayor contracción del cuerpo académico y científico de México en las últimas décadas”. Con la decisión senatorial, esta contracción se acentuará, y la investigación científica se ideologizará y militarizará.

Y ya que hablamos del proceso militarista que estamos viviendo en México, esa misma noche se consolidó el dominio de las fuerzas armadas sobre el espacio aéreo, se garantizó que la operación del Tren Maya quede de por vida a cargo del Ejército, se asignó el 80% de los ingresos fiscales por turismo a la operación de ese Tren Maya, y se autorizó a la SEDENA a tener una aerolínea comercial (sin importar que el marco jurídico prohíba que un mismo ente detente aerolíneas y aeropuertos).

Hubo otras muchas decisiones tomadas al vapor, 20 en total, entre las cuales figuran la ley minera y algunas barbaridades en materia de administración pública, pero algunas otras contaban con el respaldo de la oposición, en ese momento ausente. Así que, según ha dicho el bloque de contención, serán 12 los proyectos que serán impugnados vía acciones de inconstitucionalidad.

Cada uno de los proyectos presenta sus propios vicios de inconstitucionalidad, pero todos comparten uno en común: las violaciones al proceso legislativo.

Ya en varias ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto casos en los que invalida leyes porque en su aprobación el Congreso no se ajustó a las reglas a las que debería ceñirse durante su procesamiento.

El primer caso que recuerdo fue el de la polémica Ley Televisa, aquel conjunto de reformas de 2006 que entre otras cosas les permitía a las televisoras no tener que refrendar sus concesiones cada determinado tiempo. La Suprema Corte echó abajo estas reformas porque no se había respetado el principio de debida deliberación parlamentaria, es decir, que al no habérsele dado oportunidad a la oposición para verter sus argumentaciones, se conculcaba la debida deliberación democrática.

El caso más reciente es el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán que al parecer será votado el lunes, en el que justamente propone invalidar las reformas a la primera parte del denominado Plan B, en materia electoral, por seis violaciones graves al procedimiento legislativo.

Con esos precedentes, pareciera inevitable que estos 12 proyectos sigan la misma suerte. Esta vez el Senado no estuvo a la altura; ahora confío en que la Suprema Corte lo estará, y vendrá a poner claridad en lo que fue aquella negra noche.