Por Alejandro Díaz.- La corrupción existe en nuestro país al menos desde tiempo de la Colonia. No está documentado que existiera corrupción en los pueblos indígenas, aunque es posible que se diera pues facilita procedimientos. En los tres siglos que duró la dominación española hay pruebas innegables de su existencia que llevó a acusaciones serias, procesos judiciales y al cambio de virreyes acusados de usar esa práctica.

En el México independiente de los siglos XIX y XX imperó la corrupción en gobiernos de distintos colores y se consolidó en los largos períodos de partido único, fuera porfirista o postrevolucionario. Se usó la corrupción para alcanzar y para conservar el poder, para escalar posiciones y para hacer negocios. La corrupción enriqueció a dirigentes, funcionarios y astutos negociantes, y prevaleció por su impunidad.

Ya en este siglo la corrupción buscó nuevas formas y es más creativa. En el sexenio de Peña Nieto vimos como cundió en numerosas gubernaturas y Secretarías. Hoy en día, cuatro años después, hay juicios en curso aunque quien fuera su líder “moral” nunca fuera siquiera indiciado. Parece verídico el rumor del pacto de impunidad entre el anterior presidente y quien hoy es inquilino de Palacio.

Desgraciadamente la corrupción no terminó con la llegada de quien la denunció que se había acentuado en el régimen anterior, sólo cambió de formas, procedimientos y personajes. No hay aún acusaciones a actuales gobernadores que se hayan enriquecido indebidamente aunque sí se sabe de rumores al respecto. Sólo con el tiempo sabremos la verdad.

Con los métodos que ahora emplean para asignar obras y compras se dificulta que un funcionario menor pueda corromperse o ser corrompido; pero al dificultar la transparencia no hay garantía de que el país gane. No se compra al mejor postor sino al amigo/compadre más cercano al corazón de algunos líderes gubernamentales. Las obras se asignan casi a las mismas empresas empleadas en el régimen anterior, inclusive a unas señaladas -y sentenciadas- por prácticas corruptas.

Especialmente con la compra de medicinas, una de las más vilipendiadas anteriormente por corruptas sin que se haya comprobado comportamiento ilegal alguno. Sin embargo, la solución fue más criminal que la supuesta corrupción al dejar a clínicas y hospitales sin medicamentos e insumos básicos. La salud de la población, en especial la de menos recursos, fue afectada profundamente. La pasada pandemia (COVID) fue la más grande demostración de incapacidad del gobierno, llegando a causar más víctimas que la violencia misma. La sociedad no se ha manifestado ante tan grave daño. Pareciera que la narrativa del inquilino de Palacio se impuso sobre la realidad.

Esa narrativa, que se refuerza cada mañana, exculpa su responsabilidad como gobierno y desvía la atención de las grandes necesidades nacionales (Seguridad, Salud, Educación, etc.). En vez de gobernar mediante decisiones consensadas en reuniones del gabinete federal, sólo publicita indicaciones mañaneras con la emoción del momento sin mayor visión de las consecuencias.

El inquilino de Palacio se ha comportado con total irresponsabilidad en el ejercicio del poder. No cumple con el mínimo compromiso en temas prioritarios de Salud, Educación y Seguridad; en este último rubro, su dicho de “abrazos y no balazos” es muestra de la negativa a cumplir su deber. No se sabe si por arrogancia, por incapacidad o por complicidad., pero es la peor forma de corrupción.

El asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui por un miembro del crimen organizado sinaloense ha sido consecuencia de su criminal política de Seguridad. ¿Será oportunidad para que la sociedad entera obligue a corregir el rumbo y terminar con esta criminal forma de corrupción?

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