“Aplausos no pagan la renta”

En los últimos años, México ha dado pasos importantes en materia de justicia laboral, pero hoy nos enfrentamos a una paradoja inaceptable: la única reforma constitucional aprobada por unanimidad en ambas cámaras y por la totalidad de los congresos estatales desde el año pasado, la que garantiza un salario digno a maestras, maestros, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas, médicos y enfermeros, sigue sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Esta omisión priva a millones de trabajadores del sector público de un derecho largamente anhelado y ampliamente consensuado.

¿Qué establece la reforma al artículo 123 constitucional? La reforma modifica el primer párrafo de la fracción VI del Apartado A y adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus ejes principales son dos: 1) El salario mínimo nunca estará por debajo de la inflación: Se establece que la fijación anual de los salarios mínimos generales o profesionales, o su revisión, nunca podrá estar por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. 2) Salario base para sectores clave del servicio público: Se garantiza que maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, médicos y enfermeros perciban un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que para 2024 equivale a 16,777 pesos, actualizable anualmente conforme a la inflación.

Esta reforma responde a una realidad innegable: los trabajadores de la salud médicos y enfermeras, la educación y la seguridad han sufrido históricamente salarios por debajo de la media nacional, a pesar de la trascendencia social de sus funciones. Por ejemplo, mientras el salario promedio en el IMSS ronda los 16,777 pesos, muchos policías, maestros y personal de salud perciben entre 6,800 y 12,000 pesos mensuales, cifras insuficientes para una vida digna.

Razones de su aprobación unánime. La reforma fue impulsada desde el Ejecutivo y respaldada por legisladores de todas las fuerzas políticas, quienes reconocieron la urgencia de dignificar las condiciones laborales de quienes sostienen los pilares del Estado mexicano: salud, educación y seguridad. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados (478 votos a favor) y en el Senado (124 votos a favor), y posteriormente recibió el aval de la totalidad de los congresos estatales, cumpliendo con el procedimiento constitucional para reformas de este calado.

Durante el proceso legislativo, se realizaron foros nacionales y estatales para escuchar a trabajadores, especialistas y ciudadanía, confirmando el consenso social y político en torno a la necesidad de esta reforma. No hubo reservas de fondo: la discusión giró en torno a cómo garantizar su viabilidad presupuestal y su impacto positivo en la calidad de los servicios públicos.

¿Por qué no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación? A pesar de cumplir todos los requisitos constitucionales, la reforma sigue sin ser publicada, y por tanto, sin entrar en vigor. El artículo 135 de la Constitución establece que, una vez aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, corresponde al Congreso emitir la declaratoria de constitucionalidad y ordenar su publicación inmediata. Sin embargo, han pasado más de !seis meses! desde que se cumplió este trámite, y la publicación sigue pendiente. De hecho es la única reforma constitucional que permanece ilegalmente en el “veto de bolsillo” de la Presidenta Sheinbaum.

Nosotros, como legisladores de oposición hemos señalado que la verdadera razón detrás de este retraso es la falta de recursos federales para instrumentar el aumento salarial. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Comisión de Presupuesto estimó un impacto presupuestario de más de 39 mil millones de pesos anuales, aunque la Secretaría de Hacienda argumentó que la reforma no generaba una carga adicional directa, tal y como la hecho en todas las reformas constitucionales. Esta discrepancia ha servido quizá de pretexto para postergar la declaratoria, a pesar de que la ley es clara: la publicación no puede condicionarse a consideraciones presupuestales, pues se trata de un mandato constitucional.

La urgencia de publicar la reforma: justicia y futuro. La omisión de publicar esta reforma perpetúa la desigualdad y la precariedad laboral en sectores fundamentales para el país. No se trata solo de justicia para quienes dedican su vida a educar, curar y proteger a la sociedad; se trata de fortalecer el Estado de bienestar, mejorar la calidad de los servicios públicos y combatir la corrupción desde la raíz, pues salarios dignos son la mejor barrera contra incentivos perversos.

La publicación inmediata de esta reforma es una obligación constitucional y ética. No hay justificación válida para seguir postergando un derecho que ya fue reconocido por la soberanía nacional y por la representación de todos los estados. Hago un llamado a la Mesa Directiva del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que cumplan con su deber y publiquen a la brevedad esta reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Solo así podremos honrar el compromiso asumido con millones de trabajadores y con la sociedad mexicana. No hay transformación posible sin justicia laboral. La dignidad de médicos, enfermeros, maestras, maestros y policías es la dignidad de México. No más excusas: es hora de cumplir la palabra empeñada.