” Todos necesitaremos cuidado.“Rosalynn Carter

Hay pacientes para quienes llegar a una unidad médica ya es, por sí mismo, una enfermedad adicional. Pensemos en una persona adulta mayor que vive con diabetes, hipertensión y dificultad para caminar; en una mujer con discapacidad que depende de alguien para trasladarse; en un paciente recién egresado del hospital que necesita curaciones, medicamentos y seguimiento; o en una persona con enfermedad crónica que pasa horas esperando una consulta que pudo haberse resuelto en casa, con dignidad, oportunidad y calidad.

La pregunta es sencilla, pero profunda: ¿debe el derecho a la salud detenerse en la puerta del hospital? La respuesta es no. Si una persona no puede acudir al sistema de salud, este debe acercarse a ella.

Con esa convicción presentamos una iniciativa para adicionar el artículo 32 Bis a la Ley General de Salud, en materia de atención médica domiciliaria. El propósito es establecer, con rango de ley, que los prestadores de servicios del Sistema Nacional de Salud deberán ofrecer atención médica en el domicilio a pacientes que, por enfermedad crónica, discapacidad, edad avanzada o vulnerabilidad social, estén imposibilitados para acudir de manera presencial a una unidad médica.

No se trata de sustituir hospitales ni clínicas. Se trata de usar mejor el sistema. La atención médica domiciliaria permite llevar al hogar consultas básicas, seguimiento de tratamientos, suministro de medicamentos, toma de muestras para laboratorio, curaciones, rehabilitación, cuidados paliativos, seguimiento pos hospitalario, educación para la salud y apoyo mediante ecnologías de la información y la comunicación.

En términos humanos, significa evitar traslados dolorosos e innecesarios. En términos sanitarios, significa prevenir complicaciones. En términos económicos, significa reducir hospitalizaciones evitables, disminuir la saturación de los servicios y utilizar de manera más racional los recursos públicos. En términos éticos, implica reconocer que el hogar también puede ser un espacio terapéutico.

México vive una transición demográfica y epidemiológica que ya no puede ignorarse. Cada vez hay más personas adultas mayores, más pacientes con enfermedades crónicas, más personas con discapacidad y más familias que cargan, casi solas, con el cuidado diario de sus enfermos. A ello se suma un territorio extenso, con comunidades rurales, zonas de difícil acceso y hogares en los que el simple traslado a una clínica implica dinero, tiempo, riesgo y desgaste físico.

La atención domiciliaria no es una ocurrencia. Ya existen antecedentes en instituciones como el IMSS y el ISSSTE, así como experiencias locales en entidades como la Ciudad de México, Aguascalientes e Hidalgo. También existen disposiciones en materia de cuidados paliativos que reconocen el derecho de los pacientes terminales a recibir atención en su domicilio. Pero el país necesita pasar de esfuerzos parciales a una política nacional clara, permanente y evaluable.

La iniciativa propone que IMSS-Bienestar, en coordinación con los gobiernos estatales, implemente programas prioritarios para las personas sin seguridad social. Esto es fundamental porque quienes más enfrentan barreras de acceso suelen ser, al mismo tiempo, quienes tienen menos capacidad para pagar traslados, cuidadores privados, consultas particulares o servicios de enfermería.

También plantea lineamientos técnicos para definir criterios de elegibilidad, estándares de calidad, protocolos de actuación, supervisión, seguimiento, consentimiento informado, protección de datos personales y vías de denuncia ante omisiones. La atención domiciliaria debe ser cercana, sí, pero también segura, profesional y verificable.

Una visita al domicilio no puede improvisarse. Requiere personal capacitado, rutas organizadas, expediente clínico, coordinación con laboratorios, acceso a medicamentos, referencia oportuna a hospitales cuando sea necesario y comunicación efectiva con la familia.

La calidez no debe estar separada de la calidad. La buena intención no sustituye la planeación. La iniciativa también dialoga con el programa federal Salud Casa por Casa. Ese programa puede ser valioso para acercar servicios a personas adultas mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, una política administrativa depende de presupuestos anuales, prioridades sexenales y de reglas cambiantes. Una reforma a la Ley General de Salud busca otorgar permanencia, exigibilidad y continuidad a la atención domiciliaria como parte del derecho a la protección de la salud.

La diferencia es importante. Un programa ayuda; una ley obliga. Un programa puede cambiar; una ley puede dar estabilidad. Un programa puede focalizarse; una ley puede construir un modelo más amplio, progresivo y universal para quienes realmente no pueden acceder a los servicios de salud.

La atención médica domiciliaria también debe entenderse como parte de una medicina más inteligente. Muchos pacientes no necesitan una cama hospitalaria, pero sí seguimiento. No requieren urgencias, pero sí control. No necesitan estar internados, pero sí que alguien revise su evolución, sus medicamentos, sus signos vitales, sus heridas, su alimentación, su entorno y su capacidad real de cumplir con el tratamiento.

En el domicilio se ve lo que muchas veces no aparece en el consultorio: si el paciente vive solo, si entiende sus medicamentos, si puede caminar, si tiene refrigerador para conservar los insumos, si su familia puede cuidarlo, si hay barreras físicas, si existe abandono, pobreza o riesgo. La casa revela determinantes de la salud que el escritorio no siempre logra ver.

Por eso esta reforma tiene un sentido profundamente social. No sólo busca llevar médicos o enfermeras a los hogares. Busca llevar la presencia del Estado, aliviar a las familias y dar continuidad a los cuidados. Busca que la persona postrada no sea invisible; que el adulto mayor no tenga que elegir entre atenderse o sufrir el traslado; que la discapacidad no sea una condena al abandono; que la enfermedad crónica no avance por falta de seguimiento.

Naturalmente, esta política requiere financiamiento. Por ello, la iniciativa plantea una asignación progresiva de recursos federales y estatales, sujeta a evaluación y ajuste. La atención domiciliaria no debe construirse como una promesa sin presupuesto. Debe contar con viabilidad, metas, indicadores y rendición de cuentas. México necesita hospitales fuertes, sí. Pero también necesita hogares acompañados. Necesita resoluciones urgentes, pero también prevención en casa. Necesita camas disponibles para quienes realmente las requieren y atención domiciliaria para quienes pueden recibir cuidados seguros fuera del hospital.

La salud pública del futuro no será únicamente la que espera detrás de una ventanilla. Será también la que sale al encuentro de las personas. La que entiende que el derecho a la salud no se mide sólo por edificios, sino por el acceso efectivo. La que reconoce que cuidar en casa, cuando es posible y seguro, también es curar. Porque para miles de familias mexicanas, la atención médica domiciliaria no es comodidad: es dignidad. Y la dignidad en salud debe llegar hasta la puerta del hogar.

Referencias

[1] Éctor Jaime Ramírez Barba y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa sobre atención médica domiciliaria: https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/66/2026/abr/20260429-II2.html

Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, con doctorado en ciencias de la salud y en  administración pública. Es legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura y presidente del Capítulo de América Latina y el Caribe de UNITE Parliamentarians Network for Global Health.