Lamenta presidente de la Comisión de Justicia en SLP, la aprobación de la Guarda Nacional
San Luis Potosí, 17 de enero de 2019.- El diputado del grupo parlamentario del PAN, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado en San Luis Potosí, Rubén Guajardo Barrera, lamentó la aprobación del Congreso de la Unión a la Guardia Nacional; ya que dijo, lejos de resolver el problema de inseguridad que vive el país, pone en riesgo la libertad y viola los derechos humanos de los mexicanos.
Consideró que esta agrupación militar no debería tener los deberes de policía y vigilancia y se mostró a favor del respeto a las libertades de cada estado para diseñar su propio plan de seguridad, ya que estos se deben llevar a cabo por cada una de las policías locales en coordinación con las fuerzas federales. Sin embargo, destacó que la Guardia Nacional no contempla participación, sino que confronta a las diversas estructuras policiacas.
Sobre el dictamen aprobado en la Cámara, Guajardo Barrera se mostró en contra de que no se aceptaran ni si quiera a discusión la mayoría de reservas que se presentaron por parte de la oposición, pues con estas se podía lograr un mando civil que no dejara lugar a dudas de un posible autoritarismo.
Señaló que dentro de lo aprobado anoche se contemplan atribuciones para la Guardia Nacional que eran únicamente del ministerio público y de autoridades locales, lo cual representa un golpe para el federalismo, pues se centralizan todas las tareas en el gobierno federal.
Guajardo Barrera defendió las posiciones de Acción Nacional en torno a este tema y remarcó que la mejor forma de hacer frente a la inseguridad es invirtiendo de manera inteligente, por eso consideró se deben incrementar los fondos públicos para mejorar las condiciones de las fuerzas locales.
Dijo que los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, establecerán su postura en torno a la aprobación de los legisladores de Morena y del PRI en el tema; y se mantendrán vigilantes para denunciar cualquier acto de abuso de poder y violación a los derechos humanos de las y los potosinos.