Ciudad de México, 5 de marzo de 2019.- Al anunciar su intención para crear la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, diputadas de Acción Nacional advirtieron que la última expresión de la violencia contra las mujeres es la muerte, y “no sólo requieren dinero sino apoyo específico para evitar llegar a esta última expresión que cada vez aumenta más, estaremos haciendo una política ineficiente”.

En conferencia de prensa que dio sobre la modificación al artículo 73. 73constitucional, a fin de poder dar facultades al Congreso de la Unión para crear la Ley General en materia de Feminicidios, la diputada de Acción Nacional Adriana Dávila Fernández dijo que México requiere mujeres aguerridas en el Gabinete.

Mujeres “que entiendan que dar dinero, como lo viven en todos los sentidos, no es la solución para un problema en específico, el dinero no sustituye un golpe, no sustituye cómo se atiende ese golpe, no sustituye cómo se atiende la violencia económica, no sustituye cómo se atiende a las mujeres o a sus familias en su desarrollo integral”.

En la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el próximo 8 de marzo, Adriana Dávila, hizo votos porque la dependencia económica de las mujeres no quede en manos del Gobierno, “que no quiera tener a todas formadas estirando la mano para ver qué nos regalan”.

Las mujeres, sentenció la diputada del PAN, “sabemos trabajar, queremos tener oportunidades y condiciones para desarrollarnos, no regalo, ni dádivas, que por cierto, es de los impuestos de todas y estar vivas, es exigirlo”.

Al respecto, la diputada Madeleine Bonnafoux, también integrante de la Comisión de Equidad y Género del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que a los gobernadores del país y a la gobernadora, no les gusta que se emitan alertas de género en sus estados o en zonas de sus estados y no están viendo esto como una herramienta para poder erradicar la violencia en contra de la vida de las mujeres.

Adriana Dávila, instó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a que acuda, “no solo a los mítines donde le van a aplaudir, donde si ya bien MORENA le preparó todo un mecanismo padrísimo para que lleguen y le digan que es lo máximo y abucheen a los gobernadores. Le toca al Presidente empezar a ser Gobierno y empezar a ser Gobierno después de 100 días, creo que sería importante que acuda con las mujeres que hoy están sufriendo violencia”.

“Y ¡no señor Presidente, no es un tema partidista!, ¡no señor Presidente, no es un tema del PAN!, las mujeres que sufren violencia, han sido panistas, priistas, perredistas y sin partido a aquellas que están indefensas ante una falta de política pública de los gobiernos, incluyendo el Gobierno Federal”.

A pregunta expresa de si están en peligro las mujeres de México, Adriana Dávila dijo que están en peligro todas las mujeres de México, porque “el hecho de que algunas tengamos un cargo público, no nos exenta de esta violencia que se puede generar y plantear”.

Por su parte, la diputada Verónica Sobrado, advirtió que es “nuestra obligación como diputadas de esta Legislatura, la Legislatura que se llama de la paridad, dar los instrumentos legales necesarios para el avance de las mujeres en el reconocimiento de sus derechos y en este caso, para garantizarles una vida libre de violencia”.

La diputada Gloria Romero, anunció que a partir del 11 de marzo, las integrantes de la Comisión de Equidad y Género del GPPAN, estarán en Tlaxcala; el 13 de marzo, en Puebla; el 15 de marzo, en Jalapa, Veracruz y en Oaxaca; el 19 de marzo, en Querétaro; el 22 de marzo, en Monclova, Coahuila y en Colima; el 23 de marzo, en Monterrey, Nuevo León; el 25 de marzo, en Aguascalientes, en León, Guanajuato y en Pachuca, Hidalgo.

El 27 de marzo, en San Luis Potosí; el 29 de marzo, en Mérida, Yucatán, en Hermosillo, Sonora y en Tijuana, Baja California.

La convocatoria está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, a universidades, al instituto estatal y municipales de las mujeres, a los responsables de las unidades de género de los gobiernos de los estados, a las comisiones estatales de los derechos humanos, al público y a los medios de comunicación.