El segundo mandato de Donald Trump, que apenas lleva una semana de iniciado, se ha visto marcado por una dureza sin precedentes contra los migrantes y varias propuestas hechas en campaña se han vuelto realidad, lo que ha generado un impacto inmediato en las comunidades migrantes y las relaciones internacionales con América Latina.

El retorno de Trump al poder ha tenido una narrativa antimigrante aún más contundente que en su primer periodo, con un discurso centrado en la “defensa del sueño americano” frente a lo que describe como una “crisis migratoria sin precedentes”; sin embargo, el empresario no ha dejado de promover el racismo y odio con sus acciones.

A una semana de mandato, Trump se va contra migrantes

Desde el 20 de enero de 2025, la administración Trump ha implementado una serie de medidas que han intensificado la presión sobre los migrantes, tales como:

La suspensión de solicitudes de asilo, pues por una orden ejecutiva firmada el 22 de enero de 2025 Trump suspendió temporalmente las nuevas solicitudes de asilo en la frontera sur. Lo que ha dejado a miles de migrantes varados en México sin opciones legales inmediatas y encasillados en la desesperación e incertidumbre.

Aumento de redadas y deportaciones, pues en las primeras semanas de su mandato, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó redadas en grandes ciudades como Los Ángeles y Houston, dando como resultado la detención de más de cientos de personas. Estas operaciones han generado temor y caos en comunidades migrantes.

Vuelos de deportación sin respeto por los derechos, y es que Donald Trump decidió enviar varios vuelos a países como México, Colombia y Brasil con migrantes esposados y en malas condiciones, lo que hizo que varias naciones rechazaron los vuelos y exigieran que se trate con respeto, dignamente y no como criminales a sus ciudadanos.

Además, también se firmó un decreto para eliminar la ciudadanía por nacimiento, donde se establece que el nacer en EUA no hará a nadie ciudadano. Trump ha reafirmado su intención de buscar una enmienda constitucional para eliminar este derecho, y ha causado incertidumbre a miles de familias migrantes y ha intensificado las críticas de defensores de derechos humanos.

Latinoamérica empieza a poner alto

Por su parte, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha adoptado una postura firme y poco condescendiente ante las medidas antimigratorias y amenazas de Trump. Sheinbaum ha asegurado que “México no tiene por qué agachar la cabeza” y ha exigido que la deportación de mexicanos sea apegada al “respeto de los derechos humanos”.

Además, Sheinbaum anunció la aplicación del programa “México te abraza“, que garantizará que las y los migrantes mexicanos que regresen al país puedan acceder a los Programas para el Bienestar, a la seguridad social, al empleo, al transporte y, en caso de llegar sin recursos, a un apoyo económico por medio de la Tarjeta Bienestar Paisano.

Además, luego de no aceptar un vuelo en el que varios colombianos fueron deportados en condiciones poco dignas, Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró que Donald Trump no va a tratar a sus ciudadanos como criminales y le exigió regresar a los colombianos en condiciones dignas.

Ante la acción, Donald Trump respondió asegurando que pondrá aranceles del 25 por ciento al país latinoamericano y revocará visas a las cabezas de gobierno de Colombia; sin embargo, Colombia aseguró que ellos también pondrán aranceles del mismo porcentaje al país del Norte.

Brasil también puso un alto, luego de que se hicieran públicas imágenes de migrantes en condiciones poco humanas, pues fueron trasladados esposados y exigió lo mismo que México y Colombia, dignidad para sus ciudadanos.

Ante la alarmante actitud y violación a los derechos humanos que ha adoptado Donald Trump, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, ha convocado una reunión urgente de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que se planea tocar temas de migración, clima y de unión ante el mandatario estadounidense.

El endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump durante su segundo mandato ha elevado la tensión entre Estados Unidos y América Latina, y para enfrentar este desafío, los países latinoamericanos deben reforzar su cooperación regional y adoptar políticas conjuntas que protejan los derechos de sus ciudadanos migrantes.

Esto incluye fortalecer los programas de reintegración, buscar acuerdos bilaterales más justos y trabajar con organismos internacionales para denunciar abusos y presionar por soluciones humanitarias. En este punto, la solidaridad y la acción colectiva serán claves para contrarrestar las políticas de exclusión y de racismo, y garantizar una respuesta más humana a la crisis migratoria.

¿Qué opinas de cómo han respondido los gobernantes latinoamericanos?