Pareciera que este gobierno le declaró la guerra a la transparencia. A pesar de su insistente demanda cuando estaba en la oposición, en los pasados cinco años sepultó más información que todos los gobiernos anteriores juntos. Ciertamente que hasta hace 50 años ningún gobierno aceptaba críticas aunque tuvieran fundamento. Es a partir del gobierno de Miguel de la Madrid qué hay un tímido intento de abrirse a la crítica, pero ésta apenas se concreta hasta que el partido oficial pierde la mayoría legislativa en 1997, afirmándose en 2002.

A partir de esa fecha la sociedad, y los partidos que se encontraban en la oposición, demandaron total transparencia en asuntos públicos. Buscando mostrar las compras de Presidencia en 2002, por un asunto menor (compra de toallas) le costó el puesto al responsable de la adquisición, marcando un ejemplo no sólo de transparencia sino del deber de todo servidor público en el manejo de fondos.

Por supuesto que con la llegada de la alternancia en el gobierno federal creció la exigencia por la transparencia en todos los actos administrativos: no sólo compras y contratos de toda índole, también en salarios y prestaciones; toda erogación debía ser transparente para que ciudadanos -y por supuesto legisladores y periodistas- puedan exigir se gasten e inviertan bien los impuestos.

Los lineamientos sobre transparencia fueron hechos de lado en este gobierno. Bajo el criterio de ‘ser diferentes’ ha manejado innumerables programas de gasto e inversiones de manera muy opaca. Con el pretexto de “seguridad nacional” resguardaron por al menos cinco años del escrutinio público miles de millones de pesos dedicados al AIFA, a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya, entre otros.

Incluso han sido opacos en la compra y distribución de medicinas por un lustro, llegando al extremo de mentir sobre equipos hospitalarios y vacunas en el manejo de la pandemia de COVID. No les importó la salud pública, el mantenimiento de hospitales, los medicamentos para enfermos de cáncer o la vacunación infantil, tan sólo cuidar su imagen. Faltan al menos 114 millones de pesos que recibió el INSABI (instituto que sustituyó al Seguro Popular), pero como ya desapareció nadie sabe donde quedaron los millones que se les entregaron, y como se manejó en total opacidad, tampoco se han fincado responsabilidades.

El actual inquilino de Palacio tiene un largo historial de opacidad: cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal reservó la información por cinco años sobre el llamado ‘segundo piso’, dejando escuela en ese puesto. Por eso es difícil auditar el mantenimiento del Metro y de las obras civiles de la Ciudad de México. Todas ellas están tras un velo que impide aún hoy saber los montos asignados a los proveedores estrella en forma directa, sin mediar concurso alguno.

Para hacer más profunda la opacidad practicada, logró que el Senado atrasara el nombramiento de los comisionados del IFAI que sustituirán a aquellos que dejan de serlo. Con menos integrantes no era posible reunir el quórum requerido para resolver asuntos. Así se acumularon 7 mil recursos por falta de transparencia, hasta que la Suprema Corte les autorizó resolver con los comisionados existentes. Ahora, además ha ordenado al Senado nombrar a los faltantes.
Ahora, en la ‘Semana Nacional de Transparencia 2023’, que se celebra del 2 al 7 de octubre en cuatro sedes en adición a la capital, debemos hacer énfasis en la importancia de evitar todo tipo de opacidad en asuntos públicos. Es cierto que unos pocos son verdaderamente de seguridad nacional, pero no aceptemos que gastos excesivos -así sean presidenciales- sean catalogados como de seguridad nacional.

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