El nuevo tiempo mexicano nos ofrece una paradoja fascinante: cada vez sabemos menos del gobierno y, en cambio, el gobierno quiere saberlo todo de nosotros. Como si se tratara de una distopía tecnocrática de bajo presupuesto, se cocina a fuego lento -pero constante- un entramado legal que combina lo peor del viejo autoritarismo con las herramientas del nuevo siglo: la vigilancia total.

Veamos el rompecabezas. Piezas sueltas, aparentemente inconexas, tienen en realidad un mismo hilo conductor con el que empieza a armarse una imagen inquietante: iniciativas como la nueva Ley de Telecomunicaciones, la reforma en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita (anti-lavado), la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas (proyecto que discretamente reforma también la Ley General de Población), la iniciativa de Ley de la Guardia Nacional, y las propuestas de nuevas leyes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema de Inteligencia. Ah, y no olvidemos la más simpática de todas: la de simplificación administrativa, ese Caballo de Troya que bajo la bandera de la eficiencia quiere consolidar un registro único de toda nuestra vida.

¿El común denominador? Una arquitectura jurídica orientada al monitoreo constante, a la acumulación de datos personales sin suficientes controles y, sobre todo, al debilitamiento sistemático de los contrapesos que podrían frenar el abuso.

Por ejemplo, en la ley de telecomunicaciones, se intenta resucitar -con otro nombre- al infame PANAUT, ese registro nacional de usuarios de telefonía móvil que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte. ¿La idea? Obligar a todo ciudadano con un celular a entregar sus datos biométricos y permitir que la autoridad acceda en tiempo real a su geolocalización. Como si portar un teléfono fuera una confesión anticipada de culpa, y como si los criminales fueran tan torpes como para utilizar su propio teléfono para delinquir. 

En la ley contra el lavado de dinero, se habilita a la SHCP a solicitar todo tipo de información sobre los ciudadanos a cualquier otra autoridad de cualquier orden de gobierno y de cualquier Poder u órgano autónomo. Además, obliga a las autoridades electorales a entregar toda la información sobre partidos, coaliciones, campañas, candidatos, precandidatos, etc., así como a las autoridades laborales a entregar información sobre sindicatos y sus líderes, entre otras linduras que no tienen otro propósito que el espionaje y la persecución políticas.

La iniciativa para una nueva Ley de Búsqueda incluye una discreta pero poderosa reforma a la Ley General de Población, que crea una CURP, con características que van desde el censo biométrico hasta el seguimiento de huellas y patrones de conducta. Impone pues, una nueva CURP con datos biométricos, de uso obligatorio como documento de identidad, cuya utilización será monitoreada en tiempo real.

La nueva Ley de la Guardia Nacional le otorga facultades en materia de inteligencia policial, así como para la realización de operaciones encubiertas, en tanto que las nuevas leyes del sistema de seguridad pública, y del sistema de inteligencia, también reviven el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil e incluso incorporan bases de datos privadas al Sistema Nacional de Información. 

Todo esto sucede mientras se desmantela, con precisión quirúrgica, el sistema de transparencia. El INAI fue disuelto, y las nuevas leyes de transparencia y protección de datos personales -que suenan muy bien en el título- eliminan las garantías y encubren la opacidad. Y para rematar, tenemos nuevas leyes de adquisiciones y de obras públicas para que las contrataciones sean más opacas y discrecionales.

El resultado es grotesco: el ciudadano ya no sabrá lo que hace el gobierno, pero el gobierno sabrá hasta lo más íntimo de las personas. La asimetría de poder informacional es brutal. Estamos ante una vigilancia sin transparencia y una opacidad sin contrapesos. 

Lo más preocupante es que este nuevo paradigma no ha generado el escándalo que merece. Se está instalando subrepticiamente y poco a poco, como el polvo fino que se cuela por debajo de la puerta. Nos pasa lo que al sapito que no salta de la olla porque el agua se calienta de a poco, hasta que se cuece. 

La pesadilla orwelliana de 1984 ha encontrado en el 2025 mexicano un nuevo hermano. Con la diferencia de que aquí no se necesita imponerlo por la fuerza: basta una narrativa de seguridad, y un Congreso complaciente. Todo aprobado. Todo legal. Todo en nombre del pueblo.