Ciudad de México 24 de agosto de 2019.- “Este año ha sido difícil en materia de derechos humanos, y uno de sus más oscuros pasajes, ha sido el ataque del Gobierno federal en contra de los organismos públicos autónomos, en especial, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseguró la senadora del Partido Acción Nacional, Kenia López Rabadán, al presentar su informe del Primer Año de Actividades Legislativas.

En la antigua sede del Senado de la República, la legisladora recordó que el Presidente de la República se negó aceptar personalmente el informe de la CNDH y tampoco recibió la primera recomendación por actos de su gobierno.

En su momento el titular del Poder Ejecutivo declaró: “Vamos a aceptar y vamos a cumplir todas las recomendaciones de la CNDH y vamos a respetar su autonomía”.

Lamentablemente no lo hizo así ni ha respetado la autonomía de este organismo, apuntó la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

Asimismo, López Rabadán acusó que esta semana el grupo en el poder volvió a arremeter en contra de esta institución, cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desechó la solicitud hecha por el “ombudsperson” para que comparecieran servidores públicos que no aceptaron la recomendación 29/2019 referente a la cancelación del Programa de Estancias Infantiles.

Expuso que, si los argumentos para rechazar la recomendación fueron débiles, los que se dieron para que no comparecieran los funcionarios públicos fueron de terror.

Sobre la situación de los derechos humanos en México apuntó que es complicada ante el hecho de que representantes del Gobierno federal se reúnan con grupos del crimen organizado y no abona en nada para lograr los derechos de justicia y verdad que el pueblo requiere.

“Espero que el gobierno rectifique el rumbo, ya que cada golpe a los derechos humanos es un golpe a la democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo”, añadió.

Acompañada del presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza; de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab; el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y el coordinador del GPPAN, Mauricio Kuri González, afirmó que una de las obligaciones más importantes que tiene cualquier servidor público es rendir cuentas y promover la transparencia.

En este sentido, dijo que durante el primer año de su trabajo legislativo presentó 14 iniciativas de manera personal y acompaño 56 que consideró necesarias para el país.

“Estamos cumpliendo con el compromiso adquirido en la campaña que fue dar resultados”, acotó.

Al concluir, agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación del país en su actividad legislativa para visibilizar los problemas que enfrenta México, así como las propuestas que hace para fortalecerlo.

Entre sus iniciativas presentadas, resaltó que la primera fue la de paridad de género en los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos. Luego de su aprobación ya no dependerá de vaivenes políticos el acceso de las mujeres a los cargos públicos de decisión del país.

En su intervención, Luis Raúl González Pérez destacó que el Poder Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de trabajar para beneficio de México y de la sociedad, no para imponer o pretender consolidar planes o programas políticos o de gobierno, que lejos de procurar el interés y beneficio general, debiliten las instituciones democráticas y vulneren el reconocimiento y ejercicio de derechos.

“El legislativo es, y debe seguir siendo, parte activa y central de nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos. Su tarea requiere autonomía, profesionalismo y un sólido compromiso con la verdad, los conocimientos objetivos y los hechos verificables”, resaltó.

Al concluir expresó: “Las consignas políticas, las ideologías, las creencias o los deseos y aspiraciones personales o de grupo, no pueden ser la base sobre la que se construyan y emitan nuestras leyes. Es preciso que en su elaboración se escuche a la sociedad, a las organizaciones civiles, a las víctimas, a la academia, a las instituciones y, en general, a los destinatarios de la norma, para que los instrumentos sean lo más adecuados posibles”.

Finalmente, Jan Jarab reconoció el esfuerzo que hace López Rabadán desde el Senado de la República para rechazar los discursos de odio y fortalecer la esfera jurídica de las personas víctimas de desplazamiento forzado, entre otros temas.