Ciudad de México, 1 de julio de 2021.- El presidente López Obrador ha fracasado en su intento de acabar con la corrupción en su gobierno. Su narrativa diaria respecto a la corrupción de los gobiernos anteriores, y que en su administración se ha acabado la corrupción ha sido desmentido por la realidad, afirmó la diputada Ángeles Ayala Díaz.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI muestran que para 54.6 por ciento de los encuestados el principal problema del país es la corrupción, para 53.1 por ciento es la pobreza, para 50.4 por ciento la inseguridad y la delincuencia, y para 49.6 por ciento el desempleo.

La legisladora panista dijo que los principales problemas que este gobierno de la cuarta transformación prometió que acabaría con ellos al llegar al poder en 2018, no solo siguen sin resolverse, sino que han empeorado.

Otro dato de la encuesta, agregó, es que las y los ciudadanos tienen otros datos, seis de cada 10 encuestados no concuerdan con la afirmación del presidente López Obrador cuando exhibe su pañuelo blanco como una supuesta señal de que la corrupción en la administración pública se acabó.

“Este gobierno ha ignorado el Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual se refleja en los recortes presupuestales significativos a este Sistema como parte de las medidas de austeridad para hacer frente al impacto económico de la pandemia”, aseguró.

Sin embargo, hasta la fecha no existe transparencia respecto a todos los recursos públicos que el gobierno de la cuarta transformación, supuestamente ha utilizado para enfrentar los impactos de la pandemia.

El manejo del dinero de los contribuyentes no es nada claro por parte de la presente administración y para muestra solo un botón. Centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil han documentado que los recursos públicos destinados a adjudicaciones directas representaron el 43.3 por ciento del total de dinero utilizado en México durante 2020, y representa el punto más alto desde que se tiene este registro.

Estas adjudicaciones directas por parte del gobierno federal representaron más de 205 mil 195 millones de pesos, es decir, el 43 por ciento del monto contratado en todo el 2020.

Esto lo hace el gobierno de López Obrador a pesar de que la tendencia creciente de adjudicaciones directas en las compras y contratos públicos, son un fuerte riesgo para la competencia y facilitan la corrupción.

Ángeles Ayala indicó que en Acción Nacional hemos demandado transparencia a los funcionarios del gobierno federal en el ejercicio de los recursos públicos, y que privilegien las licitaciones públicas.

Recordó que durante las comparecencias de los directores generales de las empresas productivas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, interrogó a los funcionarios y les solicitó información sobre el monto total de las compras por adjudicación directa que han realizado, y a quien o quienes les han otorgado los correspondientes contratos.

Las respuestas nunca llegaron a la Cámara de Diputados y mucho menos a las y los mexicanos.

“La administración del presidente López Obrador tiene aversión a la rendición de cuentas; y otra muestra de ello es que ha negado la investigación de familiares y colaboradores cercanos que han sido vinculados a supuestos casos de nepotismo y corrupción”, precisó.

Además, expuso que se ha documentado la corrupción de familiares del presidente, como la de su hermano Pío, captado en un video recibiendo dinero de origen dudoso.

Se ha revelado el nepotismo de familiares del presidente, como sucedió con su hermano y su prima. También han quedado al descubierto los imperios inmobiliarios de miembros del gabinete que no fueron declarados; y la entrega de contratos millonarios a familiares y amigos de funcionarios federales.

“En Acción Nacional no estamos en contra de que se persigan y sancionen casos de corrupción de administraciones pasadas, pero también trabajaremos para que no queden impunes los casos de funcionarios actuales”, finalizó.