Imaginemos por un momento una noche cualquiera en cualquier barrio de México. El ventarrón de julio azota los postes de luz; las familias se resguardan, las luces titilan… y, de pronto, un apagón deja todo a oscuras. Para el grueso de la población, la molestia será transitoria: una vela, una batería portátil. Pero para miles de personas electrodependientes, su vida misma se suspende junto con el suministro eléctrico. Para ellas y sus familias, esa noche no existe la seguridad de simplemente “esperar a que vuelva la luz”.

En esa historia cotidiana reside la urgencia social y ética de nuestra iniciativa encabezada por la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra acompañada por este columnista y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para reformar la Ley General de Salud, la Ley de la Empresa Pública del Estado (Comisión Federal de Electricidad) y la Ley del Sector Eléctrico, y garantizar, por fin, el derecho a la electricidad continua y asequible para quienes dependen de equipos médicos vitales. Fue presentada el pasado día 3 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Durante años, los gobiernos en turno han presumido —con razón— la cobertura eléctrica superior al 99% en México. Un dato que, sin duda, nos coloca como potencia medianamente desarrollada y cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en su meta de acceso universal a energía. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una realidad lacerante: el 1% de la población —en gran medida, comunidades rurales y marginadas— sigue fuera del sistema, y entre ellos, sin estadísticas precisas, se encuentran personas cuya vida depende de la electricidad para alimentar un respirador, un concentrador de oxígeno, una máquina de diálisis; es decir, los “electrodependientes”.

Y mientras tanto, en las áreas urbanas y semiurbanas, decenas de miles de mexicanos con enfermedades crónicas y discapacidades viven atados a máquinas médicas que no pueden pagar tarifas elevadas o afrontar cortes de luz frecuentes. La naturaleza implacable de la pobreza energética los pone en jaque: la decisión entre pagar el recibo de luz o adquirir medicamentos, entre mantener el aparato funcionando o priorizar otros gastos esenciales.

Frente a esta problemática, mediante esta iniciativa llamamos la atención del gobierno federal de la llamada “cuarta transformación” para visibilizar y reconocer el drama que viven las familias electrodependientes. Durante muchos años, las administraciones han priorizado la soberanía energética y la reducción de tarifas de manera selectiva, pero han dejado fuera de la conversación pública y legislativa a quienes requerían un trato diferencial urgente, invisibilizados por la falta de un marco normativo, de datos y de sensibilidad.

Mientras tanto, en países como Argentina, Chile y España, avanzaron leyes explícitas que identifican, reconocen y garantizan subsidios, atención prioritaria y tarifas preferenciales para este grupo. En Argentina, desde 2017, toda persona registrada como electrodependiente accede gratuitamente al suministro eléctrico y a equipos de respaldo; en Chile, desde 2022, la “Ley Lucas Riquelme” obliga a priorizar el restablecimiento eléctrico y entrega dispositivos de emergencia a las familias afectadas; España otorga descuentos mediante el bono social eléctrico.

En México, la respuesta oficial ha sido el silencio. Ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recopila las cifras de electrodependientes, ni la Secretaría de Salud lo reconoce como categoría sanitaria ni social. ¿Cuántos mexicanos dependen de un soporte vital eléctrico? Nadie lo sabe.

Nuestra propuesta de reforma plantea una transformación institucional y normativa de fondo:
1) Reconocimiento legal: Incorpora por primera vez en la Ley General de Salud la figura de persona electrodependiente, reconociendo su derecho a un suministro eléctrico continuo como un determinante social de la salud.
2) Registro nacional: Obliga a la creación de un registro gratuito, sencillo y accesible en línea para personas electrodependientes, con expedición de certificados médicos avalados por la Secretaría de Salud.
3) Acceso permanente: Modifica la Ley de la CFE para obligar a la empresa pública a identificar los medidores de estos domicilios, priorizando su suministro y eximiéndolos del pago de derechos de conexión y permitiendo un subsidio fijo en la tarifa eléctrica.
4) Atención prioritaria: Mandata una línea de atención especial 24/7 para reportes de interrupción del servicio y exige aplicar las mejores técnicas para el restablecimiento prioritario.
5) Participación social y médica: Plantea la capacitación de familiares y cuidadores, así como la actualización constante del registro y la base de datos sobre enfermedades y tecnologías relevantes.

¿Por qué importa tanto una reforma así? Porque la vida de las personas electrodependientes pende literalmente de un hilo eléctrico. Un corte de luz de veinte minutos puede significar la hospitalización o la muerte; un aumento de tarifa puede significar la ruina económica de toda una familia. Esta realidad, normalmente oculta tras cifras agregadas y discursos triunfalistas, interpela nuestro sentido de justicia y corresponsabilidad social.

En términos de salud pública, proteger a los electrodependientes no solo mejora la calidad y expectativa de vida de un grupo vulnerable, también contribuye a evitar saturaciones hospitalarias, disminuye el gasto sanitario en atención de urgencias y hospitalizaciones, y limita el sufrimiento evitable. No debemos perder de vista el principio “primum non nocere” (primero, no dañar) que guía nuestro trabajo legislativo y médico.

En este contexto, el Congreso de la Unión tiene en sus manos la responsabilidad de cerrar una herida social que ha sido ignorada por demagogia, desconocimiento o cálculo político. La reforma que proponemos no debe verse como una concesión graciosa o un privilegio, sino como un acto mínimo de justicia redistributiva y solidaridad.

Estimados lectores, desde aqui convocamos a la comunidad médica para reconocer, difundir y registrar a sus pacientes electrodependientes; a la sociedad civil para que exija a sus representantes a reconocer que los derechos energéticos sean también derechos de salud; a nuestros colegas legisladores para sumar esfuerzos, enriquecer el debate y evitar que la polarización política deje fuera a los más precarizados; al ejecutivo federal para que, sin sesgos ideológicos, apoye esta propuesta y sus posibles cambios reglamentarios destinando los recursos necesarios.

México debe dejar de ser espectador de políticas avanzadas en otras latitudes y asumir su responsabilidad como nación moderna, inclusiva y empática con los sectores menos favorecidos por el simple hecho de querer vivir. Al tejer este nuevo marco legal, no solo restableceremos la luz en los hogares de personas electrodependientes: restauramos la esperanza en la capacidad de nuestra democracia para escuchar y proteger a quienes más lo necesitan. Solo así seremos verdaderamente dignos del futuro que decimos construir.

Éctor Jaime Ramírez Barba (www.ectorjaime.mx) es médico especialista en cirugía general, certificado en salud pública, doctorado en ciencias de la salud y en administración pública. Es Legislador y defensor de la salud pública de México, diputado reelecto del grupo parlamentario del PAN en la LXVI Legislatura.