Ciudad de México, a 27 de junio de 2021.- A la mitad del sexenio es decepcionante lo que estamos viviendo con un gobierno que nos prometió pacificar el país y que nos ha fallado.

Las cifras oficiales señalan que mayo fue el mes más violento de 2021 con 2,963 homicidios y uno de los más sangrientos de este sexenio.

La violencia política en el pasado proceso electoral dejó un total de 910 agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 860 víctimas.

Pareciera que el gobierno de Morena mantiene un pacto con la delincuencia organizada, porque ni persigue ni detiene a los grupos criminales.

Es necesario instrumentar una estrategia específica contra grupos criminales con equipos tácticos, en donde participen los aparatos de inteligencia del Estado, la Guardia Nacional Civil, la FGR, la Marina y el Ejército.

En la próxima discusión del presupuesto, la Cámara de Diputados deberá recuperar los recursos que estaban asignados para la seguridad en las entidades y municipios.

La incompetencia del gobierno federal en brindar seguridad a los mexicanos es cada vez más notoria cuando las cifras oficiales dan cuenta de su decepcionante desempeño, pues los delitos de alto impacto como asesinatos, secuestros, extorsiones, feminicidios, violación y trata de personas, van al alza y no hay ninguna estrategia específica contra la delincuencia organizada, aseguró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Destacó que la violencia se está generalizando en todo el país por la pasividad y complicidad del gobierno frente a los grupos criminales, que con total impunidad masacran a civiles inocentes para sembrar terror en la población, ante la total inoperancia de los cuerpos federales de seguridad.

“Estamos llegando a la mitad del sexenio y no vemos resultados en materia de seguridad. No hay ningún avance, por el contrario, los grupos delictivos están ganando más terreno ante la pasividad y complicidad del gobierno federal. Es decepcionante lo que estamos viviendo con un gobierno que nos prometió pacificar el país y brindarnos seguridad. Lamentablemente, nos volvieron a fallar”, comentó.

Cortés Mendoza explicó que esta preocupación se basa en los informes oficiales más recientes que señalan que el pasado mes de mayo fue el más violento de 2021 con 2 mil 963 homicidios y uno de los más sangrientos de este sexenio. Asimismo, el aumento de 3.57 por ciento de los asesinatos respecto a los del mes de abril, y el incremento de 30 por ciento para el delito de violación y 7 por ciento en feminicidios.

A estos datos se añaden las cifras que dejó la violencia política durante el pasado proceso electoral que, de acuerdo con el Sexto Informe de Etellekt, se registraron un total de 910 agresiones en contra de políticos y candidatos, con un saldo de 860 víctimas, entre las cuales destacan 91 políticos y 36 de estos candidatos asesinados.

“Nosotros le hemos exigido al gobierno federal que presente una verdadera estrategia contra la delincuencia organizada, pero el Presidente no ve ni oye a los mexicanos. Pareciera que el gobierno de Morena mantiene un pacto con la delincuencia, porque ni persigue ni detiene a los grupos criminales. Al contrario, los libera y les agradece su buen comportamiento en el proceso electoral”, sostuvo.

El Presidente del PAN dejó en claro que los delitos federales son responsabilidad del gobierno federal, por lo que no pueden pretender culpar de éstos a los gobiernos estatales y municipales. “Es el gobierno federal el que no está actuando para impedir que se cometan, ya que los estatales y municipales de Acción Nacional sí están haciendo lo que les corresponde para frenar los delitos del fuero común”.

Cortés Mendoza insistió en la necesidad de instrumentar una estrategia específica contra la delincuencia organizada, con equipos tácticos y la participación de los aparatos de inteligencia del Estado, la Guardia Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Marina y el Ejército.

Añadió que, respecto a los gobiernos estatales y municipales, la nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados deberá permitir que en el Presupuesto de Egresos 2022 se puedan destinar más recursos para seguridad a estas entidades.