Marcos Pérez Esquer.- Más negro que el carbón es el negocio de las minas de carbón en nuestro país y especialmente en Coahuila.
Más negro que el mismísimo carbón es el arreglo añejo y aún vigente entre esos pseudo empresarios y los funcionarios corruptos que permiten la explotación de los mineros en las peores condiciones posibles de salubridad, seguridad y paga.

Tal como el mítico Caronte, el barquero del inframundo que llevaba las almas al infierno, al Hades, los propietarios de esas minas y los funcionarios cómplices llevan a los mineros a las profundidades de la tierra, a lo más oscuro y tenebroso, a esos pozos del inframundo en los que con alta probabilidad encontrarán que cavan su propia tumba.

Más negro que el carbón es el alma de esos que incumplen las más elementales medidas de seguridad y quienes desde el poder así lo permiten, para ganarse una pequeña fortuna convirtiendo a los mineros en verdaderos esclavos, quienes no tienen otro modo de subsistencia u oportunidad en la vida que esta, la de arriesgarla todos los días, para llevar un trozo de pan a la mesa de sus casas.
80 mineros han muerto en esas minas, o mejor dicho, en esos “pocillos”, del 2006 a 2021 con motivo de los derrumbes e inundaciones que ahí se producen por falta de mapeos geológicos que detecten oportunamente depósitos de agua o ríos subterráneos. Sin esos elementales estudios, un minero da un golpe de zapapico y ¡pum! viene la catástrofe, la inundación, el derrumbe, el colapso… la muerte.

Así ocurrió hace nueve días, el pasado 3 de agosto, en el pocito La Agujita, Sabinas, Coahuila, en la que aún permanecen 10 mineros atrapados, que espero de todo corazón sean rescatados con vida.

No en balde, en el lugar suelen referirse al negro carbón como “carbón rojo” o “carbón de sangre”, porque viene manchado de ella con el único propósito de que algunos pocos tengan grandes ganancias. El hecho recuerda las minas de Sudáfrica de los que se extraían los llamados “diamantes de sangre”, que generaron que la comunidad mundial los rechazara en el mercado hasta en tanto no se demostrara que la minería se realizaba con responsabilidad social.

Algo así debería suceder con el carbón de sangre; pero lejos de eso, la Comisión Federal de Electricidad, que es la que compra ese combustible fósil, ayuda a los dueños de las minas a maquinar esquemas contractuales que reduzcan su responsabilidad ante tragedias de este tipo.

La experiencia de febrero de 2006, en la que un derrumbe similar le quitó la vida a 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, parece no haber servido de nada. Como tampoco la recomendación 62/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desde el 22 de noviembre de 2018 instó a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para reducir riesgos, y dictó medidas concretas a llevar a cabo por parte de diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluido un programa de inspección a toda la región carbonífera por parte de la STyPS, y nada, o muy poco se hizo. Nadie se puede llamar a sorpresa, estaban advertidos.

No por nada hasta el propio empresario minero y senador morenista por Coahuila Armando Guadiana Tijerina, ante los hechos del 3 de agosto, y ante la falta de supervisión, reclamó por su inacción a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La ineptitud, la connivencia, la complicidad de la autoridad, es evidente y perversa.

La vocera del colectivo Pasta de Conchos, Cristina Auerbach, señaló que en 9 de cada 10 minas de Coahuila existen “graves riesgos de colapso”, en eso que ella denomina “las trampas de la muerte”.

Todo lo anterior no puede ser disociado de la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad energética, la cual -como es bien sabido-, está basada en los combustibles fósiles como el carbón. Cuando todas las señales internacionales, económicas, medioambientales, sanitarias y ahora hasta de protección civil indican que debemos emprender con determinación la transición energética hacia energías limpias y menos caras como la solar y la eólica, el gobierno se empecina en la ruta cara, sucia, y socialmente irresponsable.

Y mientras el gobierno sigue sin abrir los ojos, los mineros se ven cara a cara con la muerte, en la oscuridad de las profundidades de la tierra, a las que se introducen cada día sin saber si volverán a la superficie una vez más.

Carbonizada tienen el alma y la conciencia los funcionarios y empresarios que estando obligados a cambiar esa realidad, por inepcia o por corrupción, no lo hacen.