Nadie en su sano juicio podría estar a favor de que una potencia extranjera meta la mano en las elecciones mexicanas. La soberanía nacional no es una frase para ceremonias cívicas: es una condición elemental de nuestra vida democrática. Las elecciones mexicanas deben decidirse en México, por mexicanas y mexicanos, sin dinero ilícito extranjero, sin operaciones encubiertas, sin ciberataques, sin campañas de desinformación coordinadas desde fuera y sin gobiernos foráneos intentando torcer la voluntad popular.

Hasta ahí, todos de acuerdo. El problema empieza cuando pasamos del discurso patriótico a la redacción puntual. Porque la reforma recién aprobada para crear una nueva causal de nulidad electoral por intervención extranjera quedó redactada con una amplitud bárbara: podrán anularse elecciones cuando “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

Dicho así, suena firme. Leído con cuidado, suena peligroso.

El primer problema está en la palabra “intervención”. ¿Qué significa exactamente? ¿Un financiamiento clandestino desde el exterior? Por supuesto. ¿Un ataque cibernético? También. ¿Una campaña coordinada de bots desde otro país? Desde luego. Pero, con esa vaguedad, se podría incluir también un reportaje de un medio extranjero, una columna de opinión, un editorial incómodo, un informe de una ONG internacional, una misión de observación electoral o incluso la contratación legal y fiscalizada de un consultor extranjero de campaña.

La vida democrática contemporánea no ocurre dentro de una pecera herméticamente sellada. Hay prensa internacional, redes sociales, organismos multilaterales, observadores electorales, universidades, centros de análisis, consultores y organizaciones civiles que opinan, informan, critican, recomiendan y observan. Puede gustarnos o no, pero no todo lo que viene de fuera es malo. A veces es información. A veces es crítica. A veces es observación. A veces es simple libertad de expresión con pasaporte distinto.

El otro problema está en la palabra “influyan”. Toda información influye. Toda opinión busca persuadir. Todo reportaje relevante modifica percepciones. Toda denuncia pública puede cambiar preferencias. ¿Cuánta influencia basta para anular una elección? ¿Cómo se mide? ¿Con encuestas? ¿Con tendencias digitales? ¿Con intuiciones de magistrados? ¿Con el termómetro político de Palacio Nacional?

La nulidad es la pena capital de una elección. No puede depender de conceptos elásticos, frases patrióticas o sospechas convenientes. Debe estar regulada con absoluta precisión, de lo contrario, puede terminar siendo el pretexto para cuestionar o desacreditar cualquier elección adversa.

Hay quien dice que, como la reforma legal no fue aprobada, la causal constitucional no podría aplicarse todavía. No es tan sencillo. En México las autoridades han aplicado directamente la Constitución muchas veces, aun sin ley reglamentaria. Si la causal queda en el artículo 41, estará ahí, viva, disponible y lista para ser interpretada y aplicada. El problema entonces no es que no pueda aplicarse; el problema es que puede aplicarse con demasiada discrecionalidad.

En su mitin del domingo, la presidenta Sheinbaum sugirió que las acusaciones y solicitudes de extradición formuladas desde Estados Unidos contra Rocha Moya y otros personajes vinculados al narco podrían ser una forma de intervención extranjera; advirtió, incluso, que “vienen por unos, luego por otros”, hasta que el Departamento de Justicia estadounidense se convierta en el gran elector de México.

El mensaje es claro: antes incluso de que la reforma entrara en vigor, el oficialismo ya ensayaba una narrativa según la cual investigaciones, acusaciones o decisiones judiciales extranjeras pueden presentarse como intromisión electoral. Así, si en 2027 los escándalos de narcopolítica pesan sobre las urnas, el oficialismo podrá aducir que no fue la corrupción, ni los pactos, ni los expedientes, sino “la intervención extranjera”.

La soberanía debe defenderse, sí. Pero no con una causal ambigua que pueda convertirse en escudo para políticos señalados o en espada contra resultados adversos. 

Una democracia debe protegerse del extranjero, pero también del interior: del crimen organizado, de las trampas, de los excesos, y de un régimen autoritario que ansía perpetuarse en el poder.