Muchas gracias queridos y queridas paisanas.

Gracias por estar aquí, a pesar de tantos mensajes que en estos días nos llegaron para tratar de desmotivar la presencia libre y libertaria del pueblo de Chihuahua.

Gracias, también, a quienes han venido de otras partes del país, particularmente a quienes integran el Grupo Chihuahua, a solidarizarse con chihuahua.

Gracias a todas y todos los que nos siguen por redes sociales.

Hace exactamente tres meses nos reunimos en esta Plaza del Ángel y henos aquí de nueva cuenta, Pueblo y Gobierno, para refrendar un solo compromiso, en defensa de nuestra dignidad.

No nos dejaremos atropellar por el gobierno federal y no permitiremos que un régimen corrupto y corruptor, en plena decadencia, nos amedrente o trate de doblegarnos y mucho menos que pretenda burlarse de todos nosotros.

Porque la decisión más importante, la tomamos desde el primer día que llegamos de la mano del pueblo de Chihuahua al Gobierno del Estado: romper el pacto de impunidad y no permitir que los ladrones se salgan con la suya.

Teníamos razón cuando dijimos que el régimen político está agotado, no sólo es incapaz de solucionar la conflictividad social, de cumplir con sus fines específicos de dar orden social y político, sino que el Sistema no es capaz de combatir con eficacia a la corrupción porque brota inexorablemente de sus entrañas.

Porque las redes de corrupción política están amarradas en los más diversos ámbitos, social, económico y político, y tocan diversas instancias de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno. Y eso y no otra cosa es lo que se conoce como el “Pacto de Impunidad”.

Por eso, el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de cumplir el más importante acuerdo que firmamos el 3 de febrero pasado y que nuestra Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor, colocó como la demanda más importante de su travesía por el país: el proceso de extradición de César Duarte.

Están tan enredados en esa telaraña de corruptelas que se cometieron en Chihuahua, que hoy podemos decir que no sólo no han cumplido, sino que el gobierno de Peña Nieto protege abierta y descaradamente al prófugo de la Justicia y ha quedado de manifiesto que la firma del secretario de Gobernación, en quien habíamos confiado, vale menos que la hoja de papel en el que la estampó.

El 3 de febrero suscribimos el secretario de Gobernación y un servidor el acuerdo que contenía en su punto número uno, lo siguiente:

“La Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, en las solicitudes de detención con fines de extradición en contra del ex Gobernador César Duarte Jáquez y, con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia, ha comunicado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante, por las once órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan en estricto apego a la Ley, a las garantías constitucionales, a los convenios y tratados internacionales”.

Nada de coadyuvancia, al contrario, ha habido cerrazón. Nada de celeridad, nada de certidumbre jurídica, al contrario, se han convertido en un tortuguismo inconcebible, en una dilación que ya cumple un año de que presentamos la primera solicitud de extradición de César Duarte a la Procuraduría General de la República. La primera dilación se presentó cuando solicitamos formalmente la extradición a la PGR, el 31 de marzo del 2017.

No obstante, la Procuraduría remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores 10 meses después de haberla recibido, apenas a finales de enero del 2018.

La contribución que la Secretaría de Gobernación nos prometió para este procedimiento ha sido una fantasía, ya que la única información de los avances se ha transmitido de palabra, sin que se encuentre respaldada por documentos y cuando se ha solicitado copia de la documentación pertinente ésta se ha negado.

No nos han permitido ni siquiera conocer la manera en la que se han formulado las solicitudes de César Duarte, que en el Acuerdo de Gobernación, quedó inscrito que en esas solicitudes integrarían la figura de detención inmediata.

En este proceso nada de ello se ha cumplido, ni siquiera las multas que les aplicaron a nuestros fiscales, incluida la multa desorbitante, exagerada, que se le aplicó a nuestro fiscal general, César Augusto Peniche Espejel. No han sido retiradas.

Continúa 2da parte