Marcos Pérez Esquer.- Nuestro país es un cementerio; es una sola fosa común que crece y crece cada día más.

Por su patente dramatismo, la opinión pública suele volcar su atención sobre la violencia generalizada que provoca miles de homicidios dolosos y feminicidios a lo largo y ancho de nuestra patria, pero no pone suficiente atención al problema de las desapariciones forzadas, ni al de la crisis forense, que también la asolan.

Lo escandaloso de las miles de muertes que se suceden por doquier en toda la nación, opacan el otro fenómeno aterrador de la violencia y de la inseguridad, que es el de las miles de personas que simple y sencillamente no vuelven a ser localizadas, así como el de los tantos miles de cuerpos y restos humanos que son localizados, pero no identificados.

Es verdad que el fenómeno de las desapariciones es numéricamente más pequeño que el de los homicidios dolosos, ya que, de acuerdo con los registros oficiales, las personas desaparecidas y no localizadas, desde 1964, alcanzan la cifra de 100 mil, mientras que la cifra de 100 mil asesinatos se alcanzó en un tiempo tan corto como lo que va de este sexenio; pero también es cierto, que el fenómeno de la desaparición forzada conlleva un drama humano quizá mucho mayor al del homicidio, porque se trata de un dolor que para los seres queridos es continuo, una pesadilla que no termina nunca, que no deja descansar.

100 mil personas desaparecidas implican también 100 mil familias que sufren permanentemente esa pérdida. Insisto, ese dolor que no cesa, llega a ser más intenso que el que puede provocar la misma muerte. A muchas madres, padres, hermanas y hermanos de desaparecidos se les escucha decir que prefieren encontrar un cuerpo muerto, que seguir con la angustia constante de no encontrar a sus hijos y hermanos. Prefieren darle sepultura a un cuerpo, y así despedirse y vivir su duelo, que el dolor de no saber qué fue de esa persona.

La desaparición forzada es la aflicción incesante, es la esperanza y la desesperanza que se mezclan, la angustia constante, el dolor persistente, eterno, que asfixia el alma.

A lo anterior, se suma la crisis forense. 52 mil cuerpos de personas no identificadas se apilan en fosas comunes y en anfiteatros. No hay recursos para la labor de identificación. El Comité contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU, que visitó México a finales del año pasado, sostiene que, al ritmo actual, se requerirían 120 años para identificarlas.

El 12 de abril pasado este Comité dio a conocer el informe de su visita a nuestro país. Revela que apenas entre un 2% y un 6% de los casos de desaparición, terminan en procesos penales, y que en todo ese océano de 100 mil desapariciones, hasta noviembre pasado solo se han dictado 36 condenas. Esos altísimos niveles de impunidad, constituyen un incentivo para el crimen, un aliciente para la violencia homicida y feminicida. Por eso, el Comité de la ONU sostiene que en México la desaparición forzada es la definición del crimen perfecto. El Comité emitió 88 recomendaciones para nuestro país, y concluyó que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.

Pero lo que más preocupa, es que el problema se ha exacerbado en los años recientes. Cerca del 75% de las 100 mil desapariciones sucedieron ya durante el gobierno de López Obrador, en el que, en la primera mitad de su gestión ha computado 24,161, mientras que en el sexenio completo de Peña Nieto fueron 35,339, y en el de Felipe Calderón 16,573. El aumento constante es terrible.

En ese contexto, esta semana, en el cierre del periodo ordinario de sesiones, el Congreso de la Unión aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Un paso en el camino correcto, sin duda, pero que, al señalarse expresamente que no se dispondrían recursos presupuestarios para su puesta en marcha, todo indica que podría terminar en un acto más de propaganda y demagogia. Por los deudos, por las miles de familias que sufren, espero que no. Este país, donde los aires de impunidad, los mares de sangre, y las montañas de muertos, cubren el paisaje, se merece algo mucho mejor.