Ciudad de México 21 de octubre de 2019.- MORENA pretende aprobar una Reforma improvisada e irresponsable a la Ley General de Salud este lunes en la Cámara de Diputados, que desaparece el Seguro Popular poniendo en riesgo el derecho a la salud de más 50 millones de mexicanos afiliados a esta institución.

Con esta reforma MORENA y el Gobierno de la 4T ocasionan:

1. La DESAPARICIÓN del SEGURO POPULAR y el sistema de financiamiento público que hoy asegura servicios de salud a más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.

2. La DESAPARICIÓN del FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, cuyo propósito es la atención de enfermedades graves y de alto costo.

3. El USO DISCRECIONAL DE 40 MIL MILLONES DE PESOS que se autorizarían para ser administrados por Juan Ferrer Aguilar, nuevo funcionario del Gobierno de López Obrador propuesto para dirigir el Instituto de Salud para el Bienestar.

4. La CENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, afectando la operación de hospitales y clínicas locales a las que acuden millones de personas en la enfermedad.

5. La BAJA CALIDAD DE LOS SERVICIOS al eliminar los requerimientos mínimos para la acreditación de la calidad de los establecimientos de salud que establece la Ley General de Salud.

6. La INEQUIDAD y DISCRIMINACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD porque podrán contratar servicios privados para atender a la población que sí puede pagar respecto a la población de bajos ingresos que esperará ser atendida.

Hagamos un llamado al Gobierno del Presidente López Obrador, para que recapaciten y evitemos una tragedia más en este sexenio dentro del sector salud.

Desapareciendo el Seguro Popular, el Gobierno Federal pretende destruir y tirar a la basura los avances que el Estado mexicano, incluyendo médicos, enfermeras, trabajadores y organizaciones civiles construyeron para hacer realidad el derecho a la salud en nuestro país.

Antes del Seguro Popular, niños con cáncer, enfermos de diabetes, hepatitis, VIH, infartos u otros padecimientos crónicos carecían de apoyos; cada año miles de familias mexicanas se empobrecían al no contar con los recursos suficientes para atender enfermedades de alto costo.

Pese a sus resultados, ahora, con una reforma a la Ley General de Salud improvisada a capricho del Presidente López Obrador, este día pretenden desaparecer el Seguro Popular y usar los recursos acumulados durante años en el Fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para fines distintos a la atención médica de alta especialidad.

* De todos los males de esta reforma a la Ley General de Salud, 3 son los aspectos que más daño causarán a los mexicanos:

1.- SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CON FINANCIAMIENTO INSUFICIENTE Y LIMITADO.

Para el Seguro Popular actualmente se establece que el Gobierno Federal cubrirá anualmente una cuota social por cada persona afiliada al Sistema de Protección Social en Salud, la cual será equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para la Ciudad de México (Para el ejercicio 2018, el monto de esta aportación es de 1,111.83 peso), y que dicha cantidad se actualizará anualmente de conformidad con la variación anual del índice Nacional de Precios al Consumidor.

Este esquema de financiamiento es lo que en la práctica ha permitido que más de 50 millones de mexicanos tengan garantizado su acceso a los servicios de salud, sin importar que cotizaran o no, tuvieran ingresos o no, tuvieran un empleo formal o no.

Si este mecanismo desaparece, regresaríamos a la opacidad en la negociación del presupuesto para la salud, pasaríamos de una presupuestación democrática, en la que el dinero sigue a la gente, a una presupuestación burocrática, basada en la discrecionalidad del Presidente, el titular del INSABI, las presiones políticas, la inercia histórica o las variaciones de la economía.

La propuesta contenida en el dictamen pretende crear una nueva formula, para establecer únicamente que este no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior y que estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Lo anterior significa que si la inflación crece por debajo la demanda de atención habrá déficit, o que si los ingresos presupuestales bajan se pueda sacrificar el dinero para la salud. Sacrificar este mecanismo financiero representaría un verdadero acto de suicidio financiero, en el que pierden los mexicanos.

2. LA DESAPARICIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS, CUYO PROPÓSITO ES LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO, Y EL USO DISCRECIONAL DE 40 MIL MILLONES DE PESOS ACUMULADOS EN SUS RESERVAS.

Entre 2012 a junio de 2019 se han atendido 988,954 casos a nivel nacional de las enfermedades consideradas como catastróficas por su alto costo y complejidad, por un monto de $53,352.11 millones de pesos; y cuyo financiamiento proviene del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que hoy quieren desaparecer.

Por el contrario, la propuesta de reforma permite que el ahora Fondo de Salud para el Bienestar, gaste en la atención de necesidades de infraestructura, preferentemente en las entidades federativas con mayor marginación social, y complementar los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos y demás insumos, así como del acceso a exámenes clínicos, asociados a personas sin seguridad social.

De esta forma, se pierde la garantía de atención a enfermedades que originan gastos catastróficos en el corto y, sobre todo largo plazo; Pues el fondo destinará recursos para otros aspectos que, aunque loables e igualmente importantes como infraestructura y medicamentos, deberían recibir financiamiento de otros programas.

Tal parece que el Gobierno Federal encontró una forma de gastar más, y sin aumentar la recaudación. Una forma de obtener dinero fácil, sin subir impuestos, ni contraer deuda, pero poniendo en riesgo tratamientos de miles de mexicanos afiliados al Seguro Popular. Por lo anterior, es que se incluyó un artículo décimo transitorio por medio del cual se autoriza la transferencia al Instituto de Salud para el Bienestar de hasta cuarenta mil millones de pesos del patrimonio de dicho Fideicomiso.

Hemos alertado y seguiremos denunciando que en realidad buscan el control político y burocrático de los servicios de salud, es decir, el manejo discrecional del presupuesto.

3. CENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, AFECTANDO LA OPERACIÓN DE HOSPITALES Y CLÍNICAS LOCALES A LAS QUE ACUDEN MILLONES DE PERSONAS EN LA ENFERMEDAD.

El dictamen pretende establecer que las Entidades Federativas celebren acuerdos de coordinación con la Federación a fin de que esta última, a través del INSABI, preste los servicios médicos que originalmente corresponde brindar a las autoridades de las entidades federativas, con los recursos de las mismas. Para tal fin, buscan centralizar la totalidad de recursos del Ramo 33 que derivan del Fondo de Apoyo para los Servicios de Salud, y aquellos que competen al Seguro Popular.

Esto es sumamente grave, ya que las entidades federativas al firmar un convenio, quedarían sin recursos para hacer frente a obligaciones que la ley les atribuye y que constituyen el pilar del derecho a la salud para los mexicanos.

En este supuesto, las entidades federativas dejarían de recibir recursos para la planificación familiar; la salud mental; la organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; la promoción de la formación de recursos humanos para la salud, entre otras muchas funciones.

Quieren dejar en manos de Juan Ferrer Aguilar el manejo de los recursos, personal e infraestructura médica, quien por cierto, carece de experiencia y méritos en el sector salud, pero sí es incondicional al Presidente Obrador.

EN ACCIÓN NACIONAL DEFENDEREMOS EL DERECHO A LA SALUD.

• Pedimos al Ejecutivo Federal garantizar la sustentabilidad financiera del Sistema de Protección Social en Salud para apoyar a toda la población sin seguridad social que requiere mejor infraestructura hospitalaria y personal de salud, así como ampliar el número de intervenciones y medicamentos que se brindan.

• No permitamos la malversación de los recursos que integran el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ello pondría en peligro la vida presente y futura de nuestras familias.