El gobierno de cohabitación es un sistema político típico de regímenes semipresidenciales, como Francia, donde el Presidente de la República y el Primer Ministro pertenecen a partidos políticos opuestos. Ocurre cuando el partido del presidente pierde la mayoría parlamentaria, obligándolo a nombrar un primer ministro de la oposición. También se le conoce como Ejecutivo bicéfalo porque el poder ejecutivo se divide entre dos líderes distintos.

En México, estamos inaugurando un modelo político que podría ser también de cohabitación o bicéfalo, pero donde las dos cabezas son Morena y el narco.

Durante años vimos que el crimen organizado había infiltrado algunas policías municipales. Después supimos que había penetrado fiscalías, aduanas, ministerios públicos, gobiernos estatales y hasta campañas electorales. Pero ahora el problema ya no es la infiltración. El problema es la asociación.

Lo ocurrido en Sinaloa no parece el caso aislado de un gobernador corrupto. Tampoco el simple exceso de un grupo criminal particularmente poderoso. Es algo más grave: un modelo político-criminal donde Morena y ciertos cárteles dejaron de ser estructuras separadas para convertirse en socios funcionales del poder.

La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya describe algo más profundo que vínculos individuales con delincuentes. Describe un sistema. Un pacto electoral financiado y operado por grupos criminales; la captura posterior de áreas de seguridad y procuración de justicia; el uso de corporaciones públicas para proteger cargamentos, filtrar operativos y garantizar impunidad; y una relación permanente de beneficios mutuos entre políticos y criminales, que incluye otras áreas del gobierno, contratos, nóminas.

El pacto incluye secuestros de operadores electorales, amenazas a candidatos opositores, levantones, robo de urnas y terrorismo político tal como ocurrió durante la elección de 2021. Todo con una lógica muy clara: el crimen organizado no apoyó a Morena por simpatía ideológica, sino porque esperaba retorno sobre la inversión.

Y aparentemente lo obtuvo.

La estrategia de “abrazos, no balazos” cobra más sentido que nunca. Durante años se dijo que era una política para pacificar al país. Pero los hechos apuntan hacia otra dirección: no confrontar al crimen porque el crimen se volvió parte del andamiaje político-electoral del régimen.

Eso explica muchas cosas. Explica por qué el gobierno liberó a Ovidio Guzmán durante el Culiacanazo mientras el propio presidente admitía después haber dado la orden. Explica por qué en amplias regiones del país los cárteles operan con una impunidad casi absoluta. Explica por qué el gobierno reacciona más rápido para defender a gobernadores señalados que para proteger a las víctimas. Y explica también el extraño comportamiento político de Morena frente a estas acusaciones. En cualquier democracia seria, una imputación de esta magnitud habría provocado deslindes inmediatos, investigaciones autónomas y exigencias de separación del cargo.

Aquí ocurrió exactamente lo contrario: la Presidencia y la Fiscalía se apresuraron a actuar como defensores de los acusados. No porque ignoren la gravedad del asunto, sino porque entienden perfectamente lo que está en riesgo: si el caso Rocha se investiga de verdad, el problema deja de ser Sinaloa.

El modelo se repite en Tamaulipas, Michoacán, Baja California, Sonora, Guerrero. Financiamiento ilegal. Intervención criminal en elecciones. Protección institucional posterior. Captura de policías y fiscalías. Contratos públicos. Control territorial. Huachicol fiscal. Gobiernos enteros convertidos en administradores de economías criminales. Eso no es corrupción tradicional. Es cogobierno.

El crimen aporta dinero, operadores territoriales, movilización, intimidación y control regional. El poder político aporta protección institucional, impunidad, acceso presupuestal y captura de las corporaciones encargadas de combatirlos. Ambos ganan. Los únicos que pierden son los ciudadanos.

México empieza a parecerse peligrosamente a esos países donde las organizaciones criminales dejaron de convivir con el poder para convertirse en parte del poder mismo.

El narco ya no soborna al gobierno, cogobierna.