Por Alejandro Díaz.- La seguridad física de los individuos y sus familias es uno de los derechos humanos que se supone tutelan los Estados. Es tan o más importante que el derecho a la salud, a la educación, a la sana alimentación o al trabajo bien remunerado. Este derecho es la primera razón de ser de un Estado. Al proporcionar poca o sólo relativa seguridad a los ciudadanos, los Estados incumplen su deber y pueden ser considerados fallidos.

La falta de seguridad afecta la salud pública porque atenta contra la vida, la tranquilidad y la confianza de los ciudadanos, impide o dificulta las actividades diarias. Afecta a la educación al inhibir la normal asistencia a clases y limita actividades en espacios exteriores. Agricultores y comerciantes ven complicarse sus tareas por la inseguridad, cuando no objeto de “cobros de piso”, dificultando el abasto y encareciendo alimentos. Dificulta la inversión productiva que podría crear puestos de trabajo bien pagados, verdadera riqueza que requiere el país. Aleja a los turistas por temor aunque se crea que les afecta poco. México está catalogado en seguridad turística en el lugar 40, impidiendo alcanzar los niveles pre pandemia.

En México hemos visto que 2022 los peores índices de delitos. No sólo es el año que el número de homicidios dolosos ha alcanzado su máxima expresión y estamos muy por encima de los que el inquilino de Palacio llama “la guerra de Calderón”. El fallido intento de limitarlos con su absurda política de “abrazos y no balazos” nos ha llevado a la poco deseable cifra de más de 80 homicidios al día, alcanzando en tan sólo tres años y medio una cifra superior al de la “guerra”. Lo más grave es que no solamente aumentaron los homicidios dolosos, también los demás usuales del crimen organizado: trata de personas, tráfico de drogas y contrabando de armas. México ocupa ya el cuarto lugar mundial en crimen organizado, después de Congo, Colombia y Myanmar, pero con ese ritmo podemos encabezar esta ominosa lista antes de fin de año.

El crimen organizado poco a poco se ha ido apoderando de amplias regiones del país. No sólo las obvias: las sierras de Michoacán y Guerrero o zonas de Sinaloa, sino también zonas fronterizas y muchas ciudades pequeñas. Cuando no son los cárteles del narcotráfico, son los dedicados a realizar secuestros, trafican personas, roban gasolina mediante el huachicol y multiplican el cobro de piso. Gobernadores y presidentes municipales intentan no enfrentarlos y le dejan la responsabilidad al gobierno federal, que no ha asumido su papel ni siquiera a través del ejército. El crimen organizado sabe que las policías estatales, y menos las municipales, tienen capacidad para enfrentarlos. El gobierno federal supuestamente podría enfrentarlos con éxito pero a los criminales les beneficia la actitud gubernamental poco decidida, y la poca eficiencia del sistema de justicia.

¿Cuánto podrá durar la paciencia del pueblo de México para que obligue al gobierno a rectificar su actitud? “Abrazos y no balazos” ha traído tantas muertes que cada vez más afectará el entorno inmediato de cada ciudadano. Si hasta ahora ningún vecino inmediato o pariente cercano ha sido víctima, de seguir la tendencia actual pronto nos alcanzará a todos.

Por el contrario, cada vez se ve más cercanía del gobierno federal y su partido al crimen organizado. Éste se beneficia con la tolerancia y la impunidad. Parece que su ayuda a ganar elecciones lo convierte, ademas, en un aliado. Si la connivencia crece en vez de disminuir. ¿Estamos ya inmersos en un Narcoestado? No podemos claudicar como pueblo aunque el disquetera gobierno lo haya hecho.

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