Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República consideramos que las medidas anunciadas por el Gobierno federal en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar carecen de claridad y no van al fondo de solución que se requiere para atender la crisis política, económica y social que aqueja al país.

Las propuestas no son novedosas, por lo que los senadores de Acción Nacional insistimos, por ejemplo, en que una respuesta de fondo frente a la presente coyuntura detonada por el alza de los precios de combustibles es ajustar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a éstos.

Creemos necesario disminuir el gasto público en 150 mil millones de pesos, adicionales a los ya anunciados, aprovechando que durante 2015 y 2016 no se llevaron a cabo los recortes anunciados en su oportunidad.

Asimismo, se deben revisar los capítulos 1000 y 3000 del gasto público y aplicar mayores recortes a estos rubros.

El anuncio de la reducción del 10% en los salarios de los altos funcionarios es una buena medida en términos comunicacionales, pero no resuelve en absoluto el tema de las finanzas públicas.

La oferta del sector empresarial de no incurrir en aumentos indiscriminados de precios la vemos lejana, toda vez que dichos aumentos tendrán lugar si continúa el aumento en el costo de los insumos para la producción, es decir, si persiste la depreciación de nuestra moneda y se mantiene el alza en los precios de las gasolinas y el diésel en febrero y marzo

El compromiso de modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana la vemos en duda, toda vez que el Gobierno ha sostenido que no tiene margen de maniobra para seguir con el subsidio a la gasolina. ¿De dónde se supone que obtendrá los recursos para semejante?

El impulso de acciones que permitan mantener la estabilidad de precios de la canasta básica, vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de la ley, mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo, emprender medidas que fomenten la inclusión laboral de los grupos vulnerables y llevar a cabo acciones en favor de la libre competencia, no aportan nada que no sean obligaciones que el Gobierno federal debería de haber llevado a cabo aún antes de la actual crisis.

Los senadores del PAN vemos que el Gobierno federal sigue sin entender que los problemas requieren del mayor consenso político, económico y social, por lo que lamentamos que en este Acuerdo no se hayan tomado en cuenta a las representaciones en el Congreso de la Unión, uno de los contrapesos más importantes de nuestra democracia y vigilante del ejercicio del gasto público.

Coincidimos con quienes sostienen que la situación económica y social actual exige un amplio acuerdo, un amplio consenso de todos los sectores sociales, que vaya al fondo de los problemas y que no sea sólo parte de una estrategia de comunicación o imagen pública.