Palacio Legislativo de San Lázaro, 30 de noviembre de 2023.- Por iniciativa de las Senadoras Elvia Marcela Mora Arellano y Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario del PES y Morena, se refomará la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Salud, para centralizar aún más los recursos para la salud.

¡Un gobierno estatal responsable jamás abandonaría su obligación de garantizar la salud de la población!

¡Hacemos un llamado a los senadores a no aprobar esta reforma que traerá graves consenciencias para el sistema de salud!, les quitarán todos sus recursos a sus estados, sin que quede claro como esa centralización, se traducirá en prestación de servicios de salud para la población en cada entidad federativa. Por el contrario, el dinero para la salud se usará en opacidad con esta reforma.

Se trata de una centralización abusiva, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales a la federación (IMSS-BIENESTAR), a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca.

La reforma propuesta, no contempla que los recursos serán usados en la entidad federativa que es la fuente de financiamiento, sino que todo el dinero entrará a una bolsa general, para ser ejercido a capricho del IMSS-BIENESTAR.

Por ello, ¡Hacemos un llamado también a los gobernadores a no firmar con el IMSS-BIENESTAR!, ¡A no condenar a su población a quedarse sin servicios de salud!

Afectacciones:

Centralización de los recursos en una nueva institución que no tiene reglas claras:

Esta reforma en la práctica desaparece el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para las entidades federativas que suscriban el convenio con el IMSS-BIENESTAR. Se trata de una centralización abusiva, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales a la federación (IMSS-BIENESTAR), a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca.

La creación del IMSS-BIENESTAR se hizo de manera improvisada, en un solo día, sin el análisis necesario, está claro que no tiene reglas claras, ni personal directivo capacitado para centralizar tal cantidad de recursos y ejercerlos en beneficio de la salud. El único propósito de esta reforma es monopolizar recursos, para usarlos sin rendir cuentas.

Con este dictamen, se trasladarán los recursos de las entidades federativas al IMSS-BIENESTAR, directamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asumiendo, con ninguna justificación, que esos recursos le pertenecen a la federación, sin que quede claro, como esa centralización, se traducirá en prestación de servicios de salud para la población en cada entidad federativa. Ya que la reforma propuesta, no contempla que los recursos serán usados en la entidad federativa que es la fuente de financiamiento, sino que todo el dinero entrará a una bolsa general, para ser ejercido a capricho del IMSS-BIENESTAR.

Desde que desapareció el Seguro Popular y desaparecieron los Regímenes estatales de protección social en salud, ha caído la atención médica regular y la atención médica de alta especialidad, hay desabasto de medicamentos, e incluso aumentó la mortalidad. En ese sentido, la centralización de los recursos para la salud emprendida en esta administración, se ha traducido en un mal manejo de recursos públicos, subejercicios, contrataciones en opacidad y simulación del gasto para transferir los recursos de la salud a los proyectos presidenciales como el tren maya o la refinería de dos bocas.

Viola el pacto federal y el federalismo fiscal:

Esta reforma le quita soberanía a las entidades federativas, mismas que, de acuerdo a la Constitución y la Ley General de Salud son autoridades sanitarias, por lo que les corresponde ejercer recursos para garantizar el derecho a la protección de la salud.

La Ley de Coordinación Fiscal se diseñó para fortalecer el federalismo fiscal y fortalecer la hacienda pública de los gobiernos locales, con esta reforma, que de facto desaparece uno de los fondos más importantes para el financiamiento de las entidades federativas, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se vulnera el pacto federal.

Esta reforma es inconstitucional, le corresponde a las entidades federativas en ejercicio de su soberanía, decidir el uso de los recursos que por derecho les corresponden para garantizar el derecho a la salud de sus poblaciones.

Afecta al Fondo de Salud para el Bienestar:

Además, se elimina la disposición que obligaba a destinar recursos al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), ya que actualmente se dispone que, incluso las entidades federativas que firmen convenio de centralización, deben canalizar dinero a este fideicomiso que, entre otras cosas, sirve para financiar la atención a enfermedades que causan gastos catastróficos, como el cáncer o los infartos.

Estamos en una grave regresión para el derecho a la protección de la salud. Si antes de esta reforma, la caída en el financiamiento de enfermedades de alto costo de parte del Fonsabi implicó que las personas sin seguridad social formal tuvieran que afrontar mayores gastos de bolsillo por su cuenta, ahora que ya no tendrá esos recursos, habrá menos atención médica de alta especialidad.

Genera mayor opacidad en el ejercicio de los recursos para la salud:

La intención de esta reforma es gastar el dinero de la salud pública en total opacidad. Ahora quieren eliminar las reglas de transparencia y fiscalización que existen en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), para pasar el dinero al IMSS-BIENESTAR, institución que carece de estos controles.

Hoy en el gasto que se transfiere a las entidades federativas, se exige documentación documentación que acredite las transferencias y el ejercicio de los recursos, hay obligaciones de transparencia, además de ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, con la centralización de todos los recursos directamente en el IMSS-BIENESTAR, habrá opacidad y malversación del dinero para la salud.