Por Alejandro Díaz

Tanto la publicidad como la propaganda invaden con cifras que casi nadie cuestiona. Dan números para ser aceptados sin más aunque estén fuera de la realidad. Como párvulos a los que su maestra les dice lo que deben saber, medios y dirigentes políticos informan con sesgo, intentando formar una opinión pública favorable a sus intereses. No tienen escrúpulos en su actuar, alteran cifras, mienten descaradamente o tienen “otros datos”.

Como tienen una alta capacidad de divulgación se atreven a todo, sabiendo que si los cuestionan no hay forma de corregirlos con éxito. Aún si su falsa aseveración es puesta en evidencia por algunos medios, incluso internacionales, saben que cualquier repercusión estará muy disminuida. Se fían de su capacidad de divulgación y cínicamente planean anticipadamente opciones a tomar.

Plácido Garza, articulista de Nuevo León, mostró que el gobierno ha hecho las cuentas del gran capitán con los datos de las concentraciones del día primero, mismas que prácticamente todos los medios repitieron. Fue a partir de un estudio elaborado por un técnico en estadísticas que analizó fotos aéreas de distintas concentraciones de ese día, tanto la del Zócalo como las realizadas por opositores a la Cuarta Transformación.

Su análisis arranca que en la Plaza de la Constitución no caben 250,000 personas y desmiente que las marchas de la oposición no juntaran ni 15,000. La plancha del Zócalo con las plazas aledañas sólo tiene 62,500 metros cuadrados, que si fueran ocupados por un promedio de tres personas por metro cuadrado permitiría albergar solamente 187,500. Como además hubo muchos espacios “reservados” para sus élites (también las tienen aunque digan no ser “fifís”) y para el estrado, así como en pasillos no ocupados por manifestantes, no más de 117,550 personas pudieron atender la concentración.

Corrige las cifras alegres del gobierno que minimizaron las marchas de ese mismo día en una docena de ciudades mexicanas. Con fotos aéreas de esas concentraciones opositoras, calculó que asistieron 287,000 personas, sin incluir las que asistieron a otras 20 similares que por razones de presupuesto no se calcularon. Cifras distintas a las gubernamentales.

Del mismo modo, el gobierno asegura -y la mayoría de los medios lo repiten- que está ganando la batalla contra la criminalidad. Niegan que este año está siendo el más violento desde el fin de la Revolución (1921). Así lo declaran sin importar que todos los delitos estén al alza: homicidios dolosos (+11% vs 2018), robos a comercios (+7.3%), asaltos (+5%) y sobre todo, extorsiones (+21%), etc. No es conveniente que dejemos que el gobierno siga teniendo la voz cantante en el tema de Seguridad que es el que más angustia a las familias mexicanas. Mientras sea una instancia gubernamental la que lleve registro de los delitos, el gobierno seguirá diciendo que todo está bien y que sus estrategias funcionan.

Ciertamente que aunque no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista, no podemos esperar a que los altos niveles del gobierno sufran en carne propia la criminalidad para que se ocupen de ella. Si no hay forma de que sea una entidad supranacional la que informe con veracidad sobre asuntos de criminalidad, tendremos que encontrar formas de mostrar la incapacidad del gobierno y tomar acciones en consecuencia.

Seguramente el gobierno se envolverá en la bandera antes que permitir que una instancia internacional participe, pero la asistencia de la OEA o de comisiones de combate al delito de la ONU es imprescindible. Si no se hace así, este gobierno estará más interesado en pregonar lo que le conviene que en combatir la criminalidad.

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