Un grupo de 22 organismos de diversos sectores en todo el país, respaldaron públicamente al Gobierno de Chihuahua en su lucha contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por haberle condicionado ilegalmente la entrega de los recursos ya convenidos.

Bajo el nombre de “Mexicanos Contra la Corrupción”, apuntaron que la acción de la autoridad hacendaria es un claro ejemplo de la corrupción existente en el Gobierno Federal, por la discrecionalidad con la que maneja el ejercicio del gasto público.

En Aguascalientes, el Gobernador Javier Corral Jurado agradeció el respaldo público de las organizaciones de la sociedad civil que firmaron el desplegado.

El movimiento social consideró que esta es una oportunidad para exigir un profundo cambio del mecanismo de asignación y control de recursos públicos, particularmente en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, referente a previsiones salariales y económicas.

Las agrupaciones consideraron que la actual facultad de la SHCP, le da una posición de poder y privilegio para usar los recursos públicos unilateral y arbitrariamente, con el objetivo de premiar o de castigar, a aliados o a adversarios, del Gobierno federal en turno.

“Tenemos un sistema con reglas laxas y poco claras, en donde los pesos y contrapesos que deberían existir en un sistema democrático quedan anulados.

Los usos y costumbres de la Secretaría de Hacienda son una herencia vigente de nuestro pasado centralista, donde el Ejecutivo Federal tenía facultades legales y extralegales para doblegar a los poderes regionales”, expresa el manifiesto.

Las 22 organizaciones de la sociedad civil, cuestionaron que el Congreso de la Unión no exigiera una explicación de la SCHP respecto a las “enormes variaciones” entre el dinero presupuestado y el efectivamente ejercido, porque exhibe la disfuncionalidad de la democracia y la nula división de poderes en el país.

Aseguraron que para recobrar el equilibrio de poderes, se requiere abrir un debate sobre las reformas legales necesarias para frenar el uso discrecional, político y electoral del presupuesto.

Por tal motivo, exhortaron a los legisladores a convocar al secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, para que comparezca ante el Poder Legislativo y detalle el uso que se ha hecho de los recursos del Ramo 23.

“Mexicanos Contra la Corrupción” estableció también, que los gobernadores deben asumir su responsabilidad en el cobro de impuestos, dejar atrás la “pereza fiscal” que los ha caracterizado, transparentar el ejercicio de los recursos públicos y someterse a los mismos controles y supervisión que exigen al Gobierno Federal.

La causa en común está firmada por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, Ciudadanos contra la Corrupción, Ciudadanos por la Transparencia, Coparmex, Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, Ficosec, Impunidad Cero, IMCO, Jalisco ¿Cómo Vamos?, Más Ciudadanía, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, México ¿Cómo Vamos?, México Evalúa, México SOS, México Único contra la Delincuencia, Opción “A”, Sociedad en Movimiento y Transparencia Mexicana.