Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en el Senado de la República propuso una iniciativa para incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la inhabilitación definitiva o “muerte civil” de servidores públicos y particulares que hayan sido condenados por actos graves de corrupción.

En conferencia de prensa, acompañado de las senadoras y los senadores del PAN, el coordinador Damián Zepeda Vidales señaló que el objetivo es “inhabilitarlos de manera permanente para desempeñar cargos públicos o para participar en la contratación de compras y de obras gubernamentales”.

“Con estas nuevas normas buscamos contribuir a erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien; y a los corruptos, les vaya mal, y para que todas las personas podamos confiar en que en México los delitos tiene consecuencias, porque la ley se aplica y las instituciones funcionan”, sostuvo.

Al explicar la propuesta, el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo afirmó que en el Índice de Percepción de Corrupción en 2017, de Transparencia Internacional, México obtuvo 29 puntos de 100 puntos posibles. “¿Qué quiere decir con esto?, que realmente México estamos en los últimos lugares y, por lo tanto, tenemos que ir mejorando en lo que es la transparencia y evitar la corrupción”.

México, dijo, está en el lugar número 135 de 180 países, y cada 4 de 10 mexicanos han tenido que pagar algún soborno para algún trámite o para algún ingreso a alguna institución de lo que es el gobierno como tal.

“Hoy lo que estamos proponiendo es una inhabilitación definitiva para desempeñar cualquier cargo en el servicio público, pero sabemos que la corrupción es de dos partes: por un lado, el que da la dádiva y, por el otro lado, el que la recibe, no nada más se va a sancionar al servidor público, sino que también se va a sancionar a aquellas empresas que estén coludidas con lo que es el servicio público, y también para aquellas empresas que estén en actos de corrupción, pues automáticamente no participarán en ninguna adquisición o arrendamiento o servicio, o lo que es obra pública”, insistió.

De acuerdo con la propuesta que será presentada ante el pleno, la inhabilitación definitiva o “muerte civil” será aplicada como una sanción administrativa que imponga el Tribunal a los servidores públicos por la comisión de faltas administrativas graves, si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite de 200 veces el valor diario de la UMA.

En el caso de particulares, ya sean personas físicas o morales, la inhabilitación definitiva aplicará participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, como sanción por la comisión de faltas administrativas graves, se indica en la exposición de motivos.

Se contempla, además, la creación del Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados, y se faculta a la Secretaría de la Función Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para implementar dicho Registro, con el objeto de que en todo el país se cuente con información oportuna, y en tiempo real, de los servidores públicos y particulares que han sido sancionados y/o inhabilitados de forma temporal o definitiva, se expone.

“Nuestra propuesta establece que el Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados debe ser una base de datos, dado que es la forma más rápida y eficaz de acceder a la información”, señala el texto.

Los senadores de Acción Nacional “consideramos que ese Registro debe ser incorporado a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, porque dicha Plataforma es la herramienta idónea para integrar, consultar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación, estados y municipios”, se indica en el documento.

Asimismo, en el Código Penal Federal se plantea que la inhabilitación definitiva procederá si el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito excede el límite a de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con la propuesta de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para Acción Nacional, expone la iniciativa, la función del gobierno no puede ser la de administrar la crisis en materia de corrupción que atraviesa el país. Los ciudadanos no quieren un mero cambio de partido en el poder, ni de personas en los puestos públicos. “Estamos comprometidos a avanzar en la construcción de un verdadero nuevo régimen”.

En ese sentido, “las y los senadores del Partido Acción Nacional no vemos el futuro de México con resignación ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. Partimos de tres premisas básicas: ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable.”