Ciudad de México 23 de agosto de 2023.- Este miércoles, la diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, presentó 65 denuncias, de las cuales fueron 49 administrativas ante la Secretaría de la Función Pública y 16 penales ante la Fiscalía General de la República en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, en contra de la Secretaría de Bienestar y sus entonces titulares, María Luisa Albores González y Javier May Rodríguez, como resultado del análisis de solo cinco auditorías realizadas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); dos en 2019, solo una en 2020 y dos en 202, al programa “Sembrando Vida” (PSV), cuyo monto sin aclarar, ni justificar es de 2,742.2 millones de pesos.

La legisladora panista resaltó que el programa “Sembrando Vida” ha contado con uno de los presupuestos más altos de la historia para un programa de desarrollo rural, partiendo en 2019 con un presupuesto de 15,000 millones de pesos hasta llegar al 2023 con un presupuesto de 37,136 millones, más del doble del asignado cuando fue creado y, a casi cinco años de su implementación, no hay resultados claros que permitan conocer si su objetivo se ha cumplido satisfactoriamente; por el contrario, el programa se creó sin tener planeación ni estudios de factibilidad, ni un diseño racional eficiente.

Asimismo, carece de metodologías de medición, monitoreo, verificación y de imágenes de satélite que registren cobertura forestal (georreferencia). Tampoco hay un padrón confiable de beneficiarios, ni indicadores técnicos y no está acoplado a técnicas de manejo y aprovechamiento forestal sostenible e induce la deforestación y la destrucción de bosques y selvas.

La diputada Pérez-Jaén destacó que, en el caso de la cuenta pública 2019, la ASF determinó 10 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 6 Pliegos de Observaciones y 3 Solicitudes de Aclaración, acciones que en su conjunto constituyeron un monto por la cantidad de 1,832.7 millones de pesos, pendientes de aclarar al día de hoy; respecto a la cuenta pública 2020, determinó 6 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y 5 Pliegos de Observaciones, acciones que en su conjunto constituyeron un monto por la cantidad de 901.0 millones de pesos, que dieron origen a nuevas acciones por la misma cantidad, las cuales se encuentran en la Dirección General de Investigación de la ASF, para la determinación de la responsabilidad administrativa correspondiente; y en la cuenta pública 2021 determinó 17 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y 2 Pliegos de Observaciones, acciones que en su conjunto constituyeron un monto por la cantidad de 8.5 millones de pesos, pendientes de aclarar a la fecha.

Resaltó que de los 3 años revisados (2019, 2020 y 2021), es en 2019 cuando se determinaron mayores daños a la hacienda pública, siendo por un monto de más de 1,800 millones de pesos, en contraste con los solo 8.5 millones de pesos determinados en 2021, por lo que hay una diferencia relevante entre las irregularidades que derivan en montos económicos entre una y otra revisión. Señaló que esto da a pensar dos conclusiones: 1) que las revisiones de la ASF son más laxas o “maquillan” las irregularidades detectadas o, 2) que el desempeño de los servidores públicos en el ejercicio de los recursos públicos del programa Sembrando Vida ha mejorado y se han implementado los mecanismos de control para ello. Sin embargo, preciso: “Seamos sinceros, esto último no es lo que se visualiza en la realidad del país y menos aún, tratándose de los años cercanos a elecciones presidenciales, del congreso y estatales.”

La legisladora enlistó algunas de las principales irregularidades, entre las que destacan:

1,202.6 millones de pesos de apoyos económicos ordinarios y/o adicionales y/o extraordinarios otorgados a los beneficiarios o a las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC) sin contar con la información que acredita la solicitud, entrega, comprobación y aplicación de los apoyos, mediante los requisitos exigidos en la normatividad como: plan de trabajo; acreditación que el plan de trabajo mensual cubriera cuando menos el 80% de las actividades establecidas; asistencia a dos reuniones de la CAC; documentos de canje que mostraran el número de folio asignado a cada beneficiario en los que conste su firma por la recepción del apoyo en efectivo; copia de la identificación oficial; facturas; recibos; entre otra.

1,154.5 millones de pesos correspondientes a los recursos federales reservados para el ahorro de los beneficiarios (450 pesos) y para el Fondo del Bienestar (50 pesos) que no acreditaron su existencia con los estados de cuenta bancarios del BANSEFI, ahora Banco del Bienestar.

372.0 millones de pesos de apoyos no entregados a los beneficiarios, sin que se justifique la razón por la que no se entregaron y que tampoco fueron reintegrados a la TESOFE.

10.3 millones de pesos de apoyos otorgados en demasía o a personas que no acreditaron ser beneficiarios del programa.

2.2 millones de pesos de apoyos económicos otorgados a beneficiarios menores de edad o a personas que contaron con edades que fluctúan entre los 95 y 117 años, según su Clave Única de Registro de Población (CURP), las cuales no corresponden a productores agrarios activos, o no fueron localizadas en el Registro Nacional de Población y que no acreditaron el cumplimiento del programa de trabajo.

La legisladora panista mencionó que estos hallazgos corresponden a las muestras revisadas por la ASF, señalando que, si esta cifra se exporta al 100% de los beneficiarios y de los recursos otorgados, pueden ser miles de millones más las irregularidades que se encuentren.

También mencionó que en la auditoría de desempeño (249-DS) realizada a la cuenta pública 2019, se identificaron debilidades y deficiencias de control que incidieron en la operación del programa, ocasionando:

• La entrega de apoyos a los Sujetos de Derecho (SD), es decir, a los beneficiarios, con atrasos de entre 2 y 11 meses.
• Entrega de apoyos económicos a los beneficiarios por más de un predio y/o terreno de 2.5 hectáreas y sin que acreditaran su posesión para la implementación de programas agroforestales.
• No se contó con documentación que sustentara que los beneficiarios de los apoyos del programa cumplieron con los requisitos, los criterios y el proceso de elegibilidad para ser beneficiarios del programa y que se determinaron en función del proceso de selección previsto en la normativa.
• Falta de documentación soporte que acreditara el proceso de entrega de tarjetas bancarias a los beneficiarios que recibieron recursos del apoyo económico ordinario.
• No se establecieron los montos máximos de los apoyos extraordinarios que otorga el programa por concepto de servicios de logística; transportación; distribución; almacenamiento; custodia y vigilancia; equipamiento y material, y herramientas y equipo agrícola.
• No se especificaron los mecanismos para realizar el seguimiento de la operación del programa.
  No se elaboró un calendario para la entrega de los apoyos lo que provocó que para el 7.5% la dispersión se realizara mensualmente, mientras que para el 92.5% se dispersó, en un mes, el recurso correspondiente a varios meses.
• No se identificó el total de plantas que fueron entregadas a los beneficiarios, ni las fechas y especies otorgadas.
• No acreditó la cantidad, ni el tipo de insumos y herramientas otorgadas, las fechas y lugares en que se entregaron, ni los beneficiarios que las recibieron.
• No definió los mecanismos para dar seguimiento al acompañamiento técnico brindado en las Comunidades de Aprendizaje Campesino (CAC).

La legisladora agregó que, si bien es cierto, que las anteriores irregularidades y otras más, fueron hechas del conocimiento de la citada Secretaría de Bienestar por parte de la ASF, consideró relevante presentar las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública con la finalidad de que, de no haberse abierto las indagatorias correspondientes a esta fecha, dicha autoridad administrativa, proceda a iniciar las investigaciones a que haya lugar. Así como ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción a fin de que procedan conforme a sus facultades en la integración de las carpetas de investigación correspondientes, con el propósito de que éstas deriven en la imposición de las sanciones a que haya lugar en contra de los responsables de los desvíos de los recursos millonarios en ambas entidades públicas.

Y concluyó: “no podemos permitir que bajo pretexto de apoyar a los agricultores mediante los programas sociales favoritos´ del gobierno federal se desvíen recursos a ´quien sabe dónde´ haciendo creer a la sociedad que estos programas cumplen plenamente con sus objetivos, porque si de algo podemos estar seguros, es que no se ve una mejoría en el campo y mucho menos en la recuperación de la pobreza extrema que aqueja al país. De todo lo anterior podemos advertir en el escenario nacional que, si hay recursos públicos cuestionados en vísperas de un proceso electoral y, ante hechos reales y concretos de una verdadera campaña electoral anticipada para la elección de una ´corcholata´, no puede arribarse a otra conclusión, que no sea que el exceso de gastos en estas campañas, pudieron haber sido tomados de recursos públicos que ahora sabemos, no se encuentran acreditados, de lo que no quiere darse cuenta el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo.”