Ciudad de México.- El senador Victor Hermosillo y Celada solicitó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión desconozca la legitimidad del proceso electoral que permitió a Nicolás Maduro ser reelecto como presidente de Venezuela el 20 de mayo pasado, “por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.

De igual manera, hizo un reconocimiento a la iniciativa del Grupo de Lima, en el que participan los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, para lograr el restablecimiento del orden democrático en Venezuela.

En este contexto, aludió la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en esta iniciativa, al llamar a consultas a la embajadora Eréndira Paz Campo y anunciar la reducción de las actividades culturales y de cooperación con el gobierno de Venezuela, así como las visitas de alto nivel.

El senador Hermosillo también refirió que como resultado del proceso electoral, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, indicó que Maduro no es reconocido como presidente legítimo de Venezuela y que se requiere un gobierno de transición para generar un sistema electoral legítimo.

En un punto de acuerdo enlistado en el orden del día de la sesión ordinaria de este órgano legislativo, expuso que el Consejo Nacional Electoral de esa nación anunció que Nicolás Maduro ganó con 67.8 por ciento de los votos frente al 21 por ciento que contabilizó el candidato y líder de la oposición Henri Falcón, en un proceso plagado de irregularidades en el que sólo participó 46 por ciento del padrón.

De acuerdo con un informe del Observatorio Electoral Venezolano, la elección fue convocada con “premura, caracterizada por adelantos y aplazamientos sin justificaciones del árbitro, sin respeto a lapsos que garantizan un proceso confiable con resultados transparentes”. Se anunció con 74 días de antelación y posteriormente fue aplazada 28 días, añadió el legislador.

“Con lo anterior se viola la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela, pero también contradice el inciso b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece como derecho el votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas.

“Adicionalmente, en el proceso de postulaciones únicamente se contaron con 17 días en total para la presentación, admisión y rechazo de postulaciones. En contraste en la elección de 2015 se contaron con 159 días”, se expresa en el texto del punto de acuerdo.

También se negó la posibilidad de que nuevos “Grupos de Electores” se registraran en la contienda, pues “sólo podían presentar aspirantes aquellos que ya habían inscrito candidatos a la Presidencia, violando los artículos 62 y 67 de la Constitución Política de Venezuela”.

Asimismo, se agrega en el documento, en abril de 2017 se dio a conocer que Henrique Capriles, ex gobernador de Miranda y quien compitió en 2013 por la presidencia, quedaba inhabilitado para ocupar cargos de elección, toda vez que la Contraloría lo condenó por “delitos administrativos”, negándole la posibilidad de participar en los comicios de 2018.

Con este tipo de acciones el gobierno de Maduro redujo la competencia y el pluralismo político de cara a su reelección presidencial, consumada el pasado 20 de mayo, expuso el senador Victor Hermosillo.

Las elecciones de Venezuela también han sido cuestionadas por Alemania, Australia, España y Reino Unido. Por su parte, Estados Unidos se pronunció por desconocer el proceso y el secretario de Estado, Mike Pompeo, calificó la elección como “ficticia”.

“El régimen del presidente Maduro ha destruido a las instituciones en el país. En ese sentido, la dictadura en Venezuela disolvió la Asamblea Nacional en la cual la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática tenía mayoría como resultado de las votaciones efectuadas en 2015 y posteriormente Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.

“Ante el autoritarismo, la oposición y la ciudadanía han optado por la vía pacífica de expresión a través de manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, el régimen las califica como ‘conspiración contra el Estado’ y ha respondido ante esas expresiones democráticas con represión y censura.

“En materia económica, el Fondo Monetario Internacional estima una inflación de 2 mil 350 por ciento, lo que ha provocado un golpe a la productividad de la nación, causando el cierre de empresas y la salida de la inversión. Tal es el caso de la compañía Kellogg’s, la cual anunció recientemente su salida de Venezuela, sumándose a una larga lista de compañías”, concluye el texto del punto de acuerdo.