Ciudad de México a 16 de abril de 2020.- Diputados locales y federales del PAN cerraron filas y expresaron su rechazo a la opción del Gobierno de la Ciudad de México y de MORENA por liberar a reos bajo el argumento de una posible propagación de Covid-19 entre la comunidad de los reclusorios.

A través de un oficio dirigido al magistrado Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, los legisladores locales Federico Döring Casar, Héctor Barrera Marmolejo y Christian von Roehrich, así como el diputado federal Luis Mendoza Acevedo, advirtieron que una decisión así traería consigo consecuencias jurídicas graves para el gobierno central.

“Quienes suscribimos la presente, manifestamos nuestra inquietud respecto de la trascendencia de la decisión que se habrá de tomar, pues no es un asunto menor y va en contra del Código Penal”, precisaron.

Destacaron, que la preliberación de internos, como anunció la Jefa de Gobierno de la CDMX, implica violar de forma brutal los derechos humanos que tienen las víctimas del delito, un aspecto olvidado por la doctora Claudia Sheinbaum en sus más recientes declaraciones públicas.

Los diputados locales e integrantes de las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Administración y Procuración de Justicia, apelaron y confiaron en una postura a la altura por parte de la autoridad jurisdiccional.

“Tenemos plena confianza en que la valoración que realice usted y en particular, las juezas y jueces de ejecución, respecto de conceder o no la libertad condicionada, como consecuencia de la emergencia sanitaria, ha de colmar el grave vacío que generó el pronunciamiento de la Jefa de Gobierno, al omitir referirse a los derechos de las víctimas y sus familias”, precisaron.

En representación del GPPAN, el diputado federal, Luis Mendoza Acevedo, exhortó al magistrado Guerra a reconsiderar la propuesta de liberar a personas sentenciadas como lo busca hacer Sheinbaum, ya que no es un mecanismo de prevención de contagios contra el Covid-19.

“Se puede impulsar el refuerzo de los controles de visitas y de personal, un constante monitoreo de los síntomas de dicha enfermedad e identificar probables enfermos, pero dejarlos salir es un riesgo social”, advirtió el legislador Mendoza.

Este bloque de panistas solicitó al Poder Judicial local dos demandas puntuales:

1.- Realizar audiencias con las víctimas, en las que éstas puedan manifestar su posición respecto del beneficio de la libertad condicionada de la persona sentenciada.

2.- El respeto irrestricto de los derechos de las víctimas, garantizando la reparación del daño, a través de un acuerdo en el que se puntualicen las acciones específicas para tal reparación.

“Sabemos que el Tribunal que usted preside, habrá de tomar las decisiones más adecuadas para hacer posible el respeto y la protección de los derechos humanos, ponderando tanto los derechos de las personas internas, como los derechos de las víctimas”, finaliza el escrito enviado y suscrito por este jueves por Federico Döring, Héctor Barrera, Christian von Roehrich y Luis Mendoza, al magistrado Rafael Guerra Álvarez.