Ciudad de México.- Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) pidieron al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respetar el pacto federal y los principios constitucionales de autonomía y soberanía estatal, desistiendo de su propuesta de establecer coordinadores estatales o delegados de Programas Integrales de Desarrollo en los estados de la República.

Por medio de un punto de acuerdo presentado en tribuna por el senador veracruzano Julen Rementería Del Puerto, solicitaron a López Obrador impulsar acciones de austeridad y eficiencia administrativa en las delegaciones federales, sin que ello implique la creación de figuras con características político electorales, que atropellen la esencia del pacto federal.

“En los primeros días de julio, López Obrador presentó a los 32 coordinadores estatales que estarán encargados de vigilar los programas federales de desarrollo y que, a su vez, sustituirán a los delegados de las dependencias federales”, expusieron en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El propósito, indicaron, según el Presidente electo, es eliminar la corrupción y la discrecionalidad actual de los gobiernos estatales en la aplicación de los recursos federales.

“En las palabras parece loable, sin embargo tal como se ha anunciado constituye el inicio de una autoridad intermedia entre los estados y la Federación”.

Resaltaron que es evidente que se trata de la creación de un poder paralelo a los gobernadores en las entidades del país.

“En los hechos, es un riesgo de gobernanza para los próximos años, es una autoridad que se confrontará con la legitimidad democrática de los ejecutivos estatales; en lugar de armonizar los órdenes de gobierno, podría sembrar la disputa política y fricción”, advirtieron.

Las y los senadores de Acción Nacional puntualizaron que tampoco se puede ocultar que hay un claro propósito político electoral en la medida anunciada.

“Los 32 coordinadores propuestos son políticos con aspiraciones en las entidades que representarán: 40 por ciento tiene experiencia legislativa, 30 por ciento ha tenido encargos en gobiernos locales, 11 han sido dirigentes estatales de Morena y 11 han militado en otros partidos políticos; incluso, cinco de ellos compitieron recientemente por la gubernatura ahí donde serán designados”, destacaron.

En la lista de coordinadores estatales de programas de desarrollo figuran Delfina Gómez, excandidata a gobernadora en el Estado de México; Miguel Ángel Navarro, ex candidato a gobernador de Nayarit; Joaquín Díaz Mena, quien fue competidor a la gubernatura de Yucatán; Carlos Lomelí excandidato a gobernador de Morena en Jalisco, y Amílcar Sandoval, quien compitió para el gobierno de Guerrero.

Aseveraron que nada justifica extender el poder del Ejecutivo federal y controlar las entidades federativas a costa de la soberanía y la autonomía de los estados.

“No podemos, no debemos permitirlo. Las señales que López Obrador envía al impulsar la creación de la figura de coordinadores estatales de programas de desarrollo son sumamente preocupantes porque atentan contra el federalismo”, expusieron.

En Acción Nacional seguiremos siendo los primeros en señalar todas aquellas decisiones e intenciones injustificables del gobernante en turno, pero también seremos los primeros en apoyar todas aquellas acciones que representen beneficios para todos los mexicanos. El poder, en cualquiera de sus medidas, debe ejercerse con responsabilidad, indicaron.

Sostuvieron que ninguna mayoría tiene mandato para violentar el pacto federal.

“La mayor tragedia –y no dudamos en calificarla así– de nuestra Constitución es hablar de federalismo cuando en la realidad, con la designación de los coordinadores estatales, se da un brutal y descarnado centralismo. Acción Nacional reitera que la libre voluntad y el compromiso político de los estados federados son la fuerza del Estado Federal, que el Federalismo implica convivencia armónica, cooperación y corresponsabilidad”, afirmaron.

La legitimidad del pacto federal, concluyeron, consiste en mantener un equilibrio justo, que coordine el desarrollo nacional y distribuya equitativamente los recursos y facultades hacia los estados y municipios.