Ciudad de México.- Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron a los ministros la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar la discusión sobre la constitucionalidad del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), prevista para hoy en la Primera Sala, frente al riesgo de que las campañas electorales de este año reciban financiamiento ilícito a través de empresas fantasma.

Los legisladores consideraron que el combate a la corrupción podría sufrir un severo descalabro ante la eventualidad de que se declare inconstitucional este artículo, el cual permite al Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicar las listas de las empresas que emiten facturas sin contar con activos, personal, infraestructura y capacidad material para prestar los servicios o bienes que comercializan.

Asimismo, expusieron que esta disposición legal faculta al SAT a exhibir en su portal electrónico y en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la inexistencia de las operaciones y notificar a los contribuyentes, cuando no se localice a los propietarios de las empresas.

La extrema corrupción de los ex gobernadores priistas de Veracruz, Javier Duarte -quien se presume desvió 35 mil millones de pesos provenientes de partidas estatales y federales-, César Duarte en Chihuahua, prófugo de la justicia, y Roberto Borge en Quintana Roo, son ejemplo del saqueo que ha sufrido la nación mediante empresas fantasma, señalaron.

Las redes criminales que operan con este tipo de empresas, añadieron, evaden impuestos, lavan dinero y desvían recursos públicos, además de que “representan el mecanismo idóneo para financiar ilícitamente campañas electorales”.

Por ello, en un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución enlistado en el orden del día de la sesión de hoy, los senadores integrantes del Grupo Anticorrupción de la bancada panista pidieron a los ministros de la Primera Sala de la SCJN postergar el proyecto de resolución y no apresurarse en la discusión del artículo 69-B del CFF.

Este artículo, en vigor desde 2014, indicaron, inhibe las operaciones simuladas o inexistentes de empresas fantasma y una declaratoria de inconstitucionalidad provocaría la anulación de todas las listas de empresas reportadas por el SAT en esta categoría desde esa fecha, y la desarticulación de la estructura implementada para su combate.

“Las autoridades fiscales tendrían que empezar de nuevo y, peor aún, con una estrategia distinta que por el momento no se tiene y que, en su momento, requerirá de aprobación en el Congreso de la Unión”, apuntaron.

Otro riesgo de la declaratoria de inconstitucionalidad, continuaron, es que las acusaciones penales de los casos Veracruz y Chihuahua quedarían sin sustento, y en casos como el de la “Estafa maestra” no procederían las denuncias por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

La misma suerte sufriría el combate al lavado de dinero, con lo cual se vulneraría la lucha anticorrupción y se abriría la puerta para posibilitar el financiamiento ilícito de algunas campañas electorales este año, resaltaron.

El punto de acuerdo es promovido por la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela y Juan Carlos Romero Hicks.