Ciudad de México.- La diputada Claudia Sánchez Juárez presentó iniciativa en nombre del diputado Jorge López Martín, por la que se reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal con el propósito de aumentar las sanciones para quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada.

“Para Acción Nacional, refirió, el resguardo de la privacidad de cada una de las personas, se inscribe como el derecho humano que requiere del fortalecimiento de las distintas disposiciones normativas en la materia”.
La propuesta establece:

1.-Ampliar la sanción a fin de imponer de ocho a 16 años a quien cometa dicho delito

2.- Establecer que si un servidor público realiza dichas conductas sin autorización judicial se aumentará la sanción hasta el doble y de 500 a 800 días multa

En la sesión de la Comisión Permanente realizada en el Senado de la República, Sánchez Juárez indicó que si bien los avances tecnológicos han sido benéficos para la sociedad, también han provocado el surgimiento de irregularidades, agudizadas por lagunas jurídicas, lo que complica la procuración e impartición de justicia.

“El tema de la intervención de comunicaciones privadas requiere de ajustes en su normatividad. Si bien es cierto que se encuentra contemplada dentro del artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como un acto que requiere de autorización previa por parte del juez de control, se presentan situaciones que distorsionan el principio de legalidad y que vulneran la intimidad de las personas”, indicó.

Agregó que la intervención y grabación de llamadas telefónicas son consideradas un delito federal, no obstante son pocas las sanciones que existen y prueba de ello es que en 16 años no hay personas procesadas o sentenciadas por este delito y tampoco responsables de interferir las líneas de comunicación de manera ilegal.

Aunque se han presentado varias denuncias por esta conducta ilícita y la PGR ha iniciado carpetas de investigación, al final se concluye que “no hay suficientes elementos” para proceder en consecuencia y se archiva la denuncia.

“Es por ello, que la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene como objetivo robustecer las disposiciones normativas en la materia y evitar con ello, irregularidades en el ejercicio de funciones por parte de las autoridades correspondientes”, refirió.