Ciudad de México 10 de febrero de 2020.- La diputada Josefina Salazar Báez presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Salud, con el objetivo de establecer obligaciones a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público para garantizar el abasto y la distribución de medicamentos en el sector público, en el alcance de sus atribuciones aplicables, mediante las acciones necesarias y oportunas.

Asimismo, establecer tal obligación a las entidades en el supuesto de que éstas brinden la atención médica gratuita a las personas sin seguridad social.

Salazar Báez explicó que la falta de claridad y previsión en un tema tan sensible ha causado una crisis que impacta a los centros de salud del sector público con graves consecuencias para los pacientes.

“Por mencionar solo un aspecto del problema, uno de los más apremiantes es la carencia de fármacos para enfermedades crónicas y de alto riesgo, como son, por ejemplo, la diabetes, el cáncer y el SIDA y otras condiciones como las fallas renales”, argumentó.

“Esta propuesta es un andamiaje jurídico que le dé soporte eficaz a la política de abasto y distribución de medicamentos en el sector público, para hacer posible el derecho de acceso a la salud que consagra el artículo 4o. de nuestra Constitución en alcance de sus atribuciones aplicables, y que mediante las acciones que resulten necesarias y oportunas se establezca también esa obligación a las entidades federativas, en el supuesto de que estas brinden la atención médica gratuita a las personas sin seguridad social”, expuso la Diputada Panista.

Se considera, dijo, que el proceso debe apuntalarse mediante la inclusión en la ley de obligaciones expresas a la Secretaría de Hacienda y de Salud, para que deban, mediante las acciones necesarias realizadas con antelación y planeación, garantizar el abasto de medicamentos dentro del alcance de las atribuciones de cada una.

En lo relacionado con los estados, subrayó que es necesario prever el supuesto en el cual no realicen acuerdo de coordinación con la federación respecto al esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, para otorgar servicios a personas no aseguradas y en ese caso deberán ser las entidades quienes deban de proveer los servicios de salud gratuitos para las personas sin esquema de seguridad social, incluyendo la provisión de medicamentos.

Para finalizar, la también integrante de la Comisión de Derechos Humanos, solicitó a los diputados de todas las fracciones, que, en este tema de salud, sean capaces de acordar, actuar y luchar como la generación del México que ya no tiene tiempo que perder porque la salud de los enfermos apremia. “Este es el momento de que la política de salud sea una consecuencia de la salud en la política. Apelo a su sensatez y pido encarecidamente su atención a la presente iniciativa”.